La denuncia contra bodegas Stratvs se hizo de manera fundamentada

El juicio que examina las múltiples irregularidades que el Ministerio Fiscal aprecia en la construcción de este complejo, por las que pide 15 años de cárcel para su dueño, el empresario Juan Francisco Rosa, e imputa a otras 16 personas, entre ellas antiguos cargos intermedios del Gobierno canario, prosiguió este jueves con el testimonio del denunciante y extrabajadores de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun).

Díaz Reixa, abogado y miembro de la asociación Transparencia Urbanística, manifestó al tribunal que en 2009 denunció estas obras tras examinar el expediente por el que fueron autorizadas por la entonces Consejería de Política Territorial del Gobierno canario, la licencia municipal otorgada por Yaiza, el planeamiento de Lanzarote y del citado municipio, además del Plan Especial de La Geria. «No hubo nada de arrebato. No hacemos nada apresurado ni a golpe de impulso», aseveró Díaz Reixa, quien compareció en calidad de testigo y dijo que su denuncia la hizo «indirectamente, no contra personas en concreto», más allá de Rosa y el arquitecto Miguel Ángel Armas Matallana, para el que la Fiscalía pide 10 años de cárcel.

El denunciante del caso Stratvs matizó que la vivienda que se iba a rehabilitar, según el proyecto autorizado a los promotores de este complejo, «no presentaba problemas», pero sí la ampliación de la que fue objeto, y subrayó que el almacén subterráneo de 900 metros ejecutado en «el corazón» de La Geria «estaba expresamente prohibido» por la legislación urbanística vigente. Preguntado por sus alegaciones al Plan Especial de La Geria, finalmente anulado, Díaz Reixa dijo el «tráfico de influencias» que, a su entender, ejerció el dueño de Stratvs en la tramitación, ya que con escritos remitidos desde Galerías Rosa logró «un sorprendente cambio de criterio de los técnicos del Gobierno».

Por otro lado, la defensa del exsecretario de la Cotmac, Armando Villavicencio; el ex director general de Urbanismo del Gobierno canario, César Muñoz, y el ex jefe de servicio, Faustino García Márquez, aseguró que el PIOL permite la construcción de almacenes, una determinación que, según puntualizó la fiscal, también dijo que, a la hora de autorizar una construcción de este tipo, «se atenderá a la categoría del suelo» donde se vaya a ejecutar. La exjefe de servicio de Instrucción de la Apmun de 2002 a 2014, Sonia Gómez, aseguró que la técnico Elisa Perdomo, a la que encomendó, los informes «recibió presiones desde la Consejería de Política Territorial».