El TSJC falla que Arrecife acabe de expropiar el Mercedes Medina

16/10/2019

El Ayuntamiento se expone a pagar 22,5 millones de euros más intereses por el colegio, según la valoración del Juzgado de Expropiación, por haber ocupado 37.000 metros cuadrados de suelo privado

ETIQUETAS:
- tsjc

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) falló el pasado 25 de julio a favor de los conocidos como herederos del Cabo Pedro, la familia propietaria, entre otros, del suelo en el que se asienta el colegio Mercedes Medina, en el sentido de ordenar que prosiga el expediente expropiatorio, que el Ayuntamiento inició y después acordó unilateralmente no continuar, para resarcir a dichos dueños, por destinar este suelo a sistema general SG-9.

La Sala acuerda revocar la sentencia del Juzgado de lo Contencioso número 6 de Las Palmas de Gran Canaria, que en primera instancia dio la razón al Ayuntamiento, frente al recurso de los dueños del suelo, en el que pedían revocar el acuerdo del pleno municipal, del 3 de mayo de 2012, por el que se acordó no seguir adelante con el citado procedimiento expropiatorio.

La Sala da por validos los argumentos de los dueños de este suelo de 37.000 metros cuadrados, que demuestran «sin ambages» que la corporación municipal había incoado y adoptado las primeras actuaciones para el inicio dicho expediente expropiatorio número 5376/2010, sobre la finca registral número 21.176. Sin embargo, con posterioridad, acordó no continuar y rematar dicho expediente, perjudicando así a los dueños.

Por ello se sorprende la Sala de la «conclusión» a la que llegó la sentencia del juzgado cuando señaló que una vez ya se había iniciado, por ministerio de la ley, el expediente expropiatorio concluyera que la decisión de no concluirlo «no causaba indefensión a los propietarios».

Tampoco concibe la Sala como el Juzgado dio validez a la decisión del Ayuntamiento de no expropiar, basándose que la finca era de su titularidad, cuando el único documento aportado por el Consistorio para demostrarlo fue un papel en el que se hacía constar que dicha finca formaba parte del inventario de bienes municipales, cuando los dueños demostraban con las correspondientes inscripciones registrales que el suelo era de éstos y no de propiedad municipal.

Por ello, la sentencia ordena proseguir con el expediente expropiatorio, que cuenta desde 2011 con valoración del suelo de 22,5 millones de euros, sin que se sepa si el Ayuntamiento presentó por su parte otra valoración. A estos 22,5 millones de euros, habría que sumar los intereses desde 2011, que superarían ya los 9 millones. Contra el fallo cabe recurrir ante el Supremo.