El primer juicio de Montecarlo se aplaza a 2019

13/09/2018

La pieza ligada a presuntos pagos anómalos en San Bartolomé se iba a juzgar la próxima semana con cinco acusados llamados a sentarse en el banquillo

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha decidido aplazar a 2019 la vista sobre presuntas anomalías económicas en el Ayuntamiento de San Bartolomé investigadas en el caso Montecarlo. Hay cinco implicados que deberán comparecer en los días 19, 20 y 21 de marzo que se exponen a distintas penas de ingreso carcelario, atendiendo al informe de Fiscalía conocido en 2016. A priori, la vista iba a ser la semana próxima.

El aplazamiento obedece a cuestiones procedimentales. Parte del equipo de letrados de la defensa ya tenía reservada las fechas del 18, 19 y 20 de septiembre para otra actuación cuando la Audiencia Provincial de Las Palmas marcó los días del juicio, a comienzos del año.

La pieza se centra en la presunta malversación de 470.000 euros en San Bartolomé, tanto con pagos por servicios no prestados, como por honorarios «excesivos», por parte del exinterventor Carlos Sáenz, ya condenado por un fraude en Arrecife, quien se expone a 12 años de cárcel, por presuntos delitos continuados de cohecho, malversación, prevaricación y falsedad de documento público; además de 22 años de inhabilitación y multa de 260.000 euros. El empresario José Vicente Montesinos, que reconoció haber entregado sobornos a cambio del pago de facturas, se expone por su lado a una condena de 11 años y 11 meses de cárcel, así como a una multa de 206.000 euros.

En cuanto a los otros tres acusados llamados a sentarse en el banquillo, en el informe efectuado por el Ministerio Fiscal se considera que son responsables de un delito de malversación y otro de prevaricación. Para el extesorero Luis Manuel Rodríguez se piden 5 años y 10 meses de prisión e inhabilitación absoluta por un periodo de una década. Para el exalcalde Miguel Martín y para el que fuera titular de Hacienda Javier Betancort se reclaman, por igual, una condena de 5 años y 9 meses de cárcel, junto a 10 años de inhabilitación.

Los hechos a juzgar guardan relación con la gestión del Ayuntamiento de San Bartolomé durante buena parte de la pasada década. Los investigadores creen que presuntamente se pagaron facturas por servicios que no se prestaron. La indagaciones policiales se efectuaron principalmente en 2012, afectando a la gestión de San Bartolomé, Arrecife y La Oliva.