El impuesto del combustible no puede ser quitado

De este modo, la supresión de una tasa deberá llevar incorporado un expediente del departamento de Intervención, ya que la supresión de la tasa implica una pérdida de fuente de financiación prevista en el presupuesto.

Además, señala el dictamen del letrado de la institución que el proyecto de derogación deberá ser aprobado por el Consejo de Gobierno insular, en virtud de los establecido en el artículo 127.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. Y, por último, deberá ser el pleno de la Corporación el que apruebe inicialmente la derogación de la tasa, para a partir de ahí abrir un periodo de información pública.

A la vista del informe del secretario, se entiende que se ha invertido el orden legal del procedimiento; pues no es al pleno de la institución, sino al Consejo de Gobierno, a quien corresponde adoptar el acuerdo de aprobación del proyecto de derogación del impuesto, además de no contar con informe de Intervención.

Sin embargo, el pleno llevó a votación una moción de Ciudadanos el pasado 3 de abril para suprimir de forma automática este impuesto, que entró en vigor a mediados de 2013. Como se recordará, el acuerdo de suprimir el impuesto a los carburantes fue aprobado con los votos a favor de los grupos de la oposición: PSOE, Podemos, Ciudadanos, Somos y el miembro del PIL, que se demarcó del grupo de gobierno, Manuel Cabrera, lo que hizo que éste, formado por CC, PP, y el miembro de Nueva Canarias, Juan Manuel Sosa, ahora expulsado, perdiera la votación.

Con este informe, el grupo de gobierno confirma las advertencias que ya realizó durante el debate y votación de la propuesta, en el sentido de que la supresión de la tasa, que es de carácter finalista y lo que recauda nutre el presupuesto de la institución, pues todo lo que se obtiene va destinado al mantenimiento de las carreteras insulares, no puede suprimirse de un plumazo y lleva aparejado un expediente, de forma que lo recaudado está comprometido en proyectos que están ya adjudicados a empresas para obras concretas que, de lo contrario, podrían peligrar.