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El Gobierno asume la demolición de la obra ilegal de Dimas Martín

El Gobierno asume la demolición de la obra ilegal de Dimas Martín

La Agencia Canaria de Protección del Medio Natural confiará el derribo a un tercero, al carecer de medios para actuar en Yaiza

Jueves, 1 de enero 1970

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La Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, entidad dependiente del Gobierno regional, ha iniciado esta semanas gestiones para adjudicar a un tercero el derribo de la construcción ilegal en Los Rostros (Yaiza) atribuida a Dimas Martín, quien en tiempos fue presidente insular y senador, entre otros cargos públicos. Para la demolición se ha establecido una partida con impuestos de algo más de 51.310 euros, con opción incluso de que sea mayor la suma, asumiendo el promotor la cesión a un tercero al no contar con medios propios en la isla.

Habrá que tirar la ampliación de la vivienda preexistente (90 metros cuadrados), así como la piscina, la terraza pavimentada y el amurallamiento de parte de la finca. La acción se basa en la sentencia tomada a comienzos de 2017 por el Juzgado de lo Penal 1 de Arrecife que fue ratificada, adquiriendo firmeza, en noviembre del mismo año, por la Audiencia Provincial de Las Palmas. Según consideró el fallo, ligado a una investigación del caso Unión, sin permiso se construyó en suelo rústico dentro de un espacio natural protegido.

La sentencia original estableció que el expresidente del Cabildo incurrió en 2009 en un delito contra la ordenación del territorio, fruto de la vista de febrero de hace dos años. En el fallo, donde se fijó una pena de dos años de ingreso penitenciario, se impuso al condenado una multa económica de veinte meses, a razón de 20 euros por día, para alcanzar la suma de 12.000 euros; así como dos años de inhabilitación especial para ejercer cualquier profesión relacionada con la construcción, extracción o movimientos de tierras. Además, se ordenó demoler lo construido de manera ilegal, con la obligación de reponerse el estado original del espacio, aspecto que se prevé sea posible con la mediación de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, toda vez que Dimas Martín ha obviado cumplir con la orden haciendo empleo de medios propios .

La decisión tomada por la magistrada Margarita Gómez hizo especial mención a «la restauración del orden jurídico perturbado», ordenándose así demoler lo construido ilegalmente, con coste a cargo del condenado, «previo plan presentado al efecto por los Servicios de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias». El fallo asumió por completo la petición de pena que hizo el Ministerio Fiscal, una vez que desestimó la petición del procesado de que se invalidará las grabaciones hechas por la Guardia Civil.

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