Caso Unión: Batalla legal por la validez de la prueba

09/11/2018

El TSJC tendrá que decidir si la grabación de la conversación entre Fernando Becerra y Carlos Espino –con la que se inició el caso Unión– es nula o válida. Ayer se celebró una vista en la que Fiscalía y defensa expusieron sus respectivos recursos

La Sala de lo Penal del TSJC celebró ayer una vista en la que la defensa del empresario y abogado lanzaroteño Luis Lleó y el Ministerio Fiscal, expusieron los recursos presentados sobre la validez de la grabación de la conversación entre el entonces consejero de Política Territorial del Cabildo de Lanzarote, Carlos Espino (PSOE) y el empresario Carlos Becerra, ofreciéndole supuestamente el 5 de junio de 2008 un soborno en nombre del acusado y que dio origen al denominado caso Unión.

Por una parte, la defensa de Luis Lleó argumentó que la grabación no era legal porque, principalmente, atentaba contra los derechos fundamentales del acusado avalando así la tesis del magistrado Salvador Alba que la anuló en su momento cuando ejercía de presidente del tribunal antes de ser suspendido provisionalmente de sus funciones. Mientras, el fiscal Javier Ródenas argumentó –entre otras cuestiones– que la misma se hizo sin engaño, ocultamiento ni clandestinidad, por lo que es lícita y puede ser utilizada ante el tribunal del jurado.

El Ministerio Fiscal cuestionó ante el tribunal presidido por Javier Doreste que cómo iba a dar validez el juez Alba a una grabación «cuando le afecta a él en algo parecido en la causa que tiene pendiente en el TSJC», en referencia al llamado Albagate. «El magistrado confunde la licitud probatoria con la fiabilidad probatoria y queda claro que la grabación puede ser más o menos fiable, pero esto no la hace lícita. Alba realiza una mezcolanza procesal cargada de argumentos contradictorios en una grabación en la que no está el señor Lleó, por lo que es imposible que se vulnere su intimidad. Además, le da importancia al lugar donde se realizó la misma que fue en su despacho, para utilizarla en el proceso penal en el que está inmerso», se quejó.

Además, Javier Ródenas replicó a la defensa –que insiste en la tesis de que la nulidad de esta prueba tiraría abajo todo el caso Unión–: «Es una falacia decir que el origen del caso Unión fue esta grabación del 5 de junio, cuando el inicio fue un día antes con la denuncia presentada por Carlos Espino. No hubo engaño, ocultamiento ni clandestinidad» y no se rompió la cadena de custodia de la misma, explicó. También insistió en que los agentes de la UCO que participaron en la investigación ni siquiera valoraron el contenido de la grabación, desmarcando así este caso con el Guateque, en el que el Tribunal sí anuló las grabaciones.

La instrucción inicial se hizo con «mucho desorden y caos»

Por su parte, la defensa de Luis Lleó, el abogado Manuel Matamoros, quiso acreditar que, según la doctrina actual del Supremo en relación a la ilicitud de las pruebas en las que participa el Estado –en este caso la Guardia Civil–, «no cabe de ninguna manera» la grabación que hicieron «a través de Carlos Espino con la grabadora que le dieron antes de la conversación que mantuvo con Fernando Becerra», se quejó.

Insiste en que la denuncia de Espino «habría servido para abrir el caso Unión, pero no para ordenar las intervenciones telefónicas que es una medida de intromisión muy fuerte y atenta contra los derechos fundamentales de las personas», sostiene.

Matamoros también cuestionó la instrucción del juez César Romero Pamparacuatro porque, alega, está muy ajena a las garantías procesales: «Se llevó con mucho desorden y fue un caos, como puso de manifiesto la jueza Lucía Barranco, que fue su sustituta».

Por último, afirmó que «el tribunal del jurado no debe escuchar unas grabaciones que tienen 40 cortes y que los mismos afectan al plano semántico de la conversación. Habría qué saber quién ordenó editar esa grabación», dijo en la vista.