La grabación de Unión, Cuestionada

Carlos Sixto De Inza Serrano
CARLOS SIXTO DE INZA SERRANO

Las defensas de los acusados por supuesto intento de soborno a Carlos Espino, que originó el caso Unión, han pedido al tribunal que, antes del juicio, estudie una cadena de presuntas vulneraciones de derechos, que a su juicio, vician el procedimiento, y violan las garantías constitucionales. Todo arrancaría de una grabación sin permiso del juez.

Las defensas de los dos imputados en el caso del supuesto intento de soborno al exconsejero de los Centros Turísticos Carlos Espino, los empresarios Luis Lleó y Fernando Becerra, expusieron hace unos días a la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas un extenso informe en el que dejan constancia de las presuntas vulneraciones de derechos constitucionales, de la supuesta ausencia de garantías como acusados, y de lo que consideran vicios de nulidad en el procedimiento, que no han podido alegarse durante la instrucción de la causa, y piden que ahora sean analizadas en su plenitud.

Las defensas aprovecharon con carácter previo al juicio con jurado este momento procesal, al no haber tenido hasta la fecha ocasión de someter al juicio del tribunal una abrumadora cantidad de detalles y supuestas anomalías detectadas en la tramitación del procedimiento, que a su juicio, pueden resultar decisivas para que se declare la nulidad de buen número de pruebas de cargo presentadas por la Fiscalía, no solo por supuesta vulneración de derechos constitucionales, sino por ausencia de garantías.

Hasta la fecha, cualquier alegación o solicitud de nulidad elevada a la juez instructora había sido inadmitida de plano, sin dar oportunidad a las partes a que los hechos se evalúen en toda su dimensión y sean cotejados con las pruebas e informes periciales.

Como origen de esta supuesta vulneración de derechos constitucionales, los abogados anteponen la grabación que dio origen a todo este procedimiento, de la reunión presuntamente mantenida el 4 de junio de 2008, que Carlos Espino mantuvo con el acusado Fernando Becerra, sin su consentimiento, y con apoyo de la Fiscalía y de la Guardia Civil, pero sin contar con orden judicial que la sustentara y que diera validez a dicha grabación para poder ser usada en contra de los acusados.

Para los abogados, solo este hecho -carecer de autorización del juez-, supone una violación de derechos constitucionales del investigado Fernando Becerra. Los abogados sustentan esta petición en el hecho de que tanto la Fiscalía como la propia Guardia Civil tuvieron tiempo suficiente para solicitar la orden judicial que autorizara dicha grabación, pero sin embargo no se llevó a cabo.

Los abogados de los acusados recuerdan a la sala que el ordenamiento autoriza las grabaciones, siempre y cuando cuenten con una autorización judicial previa, sin embargo, en este caso se eludió pedir dicha autorización, por lo que entienden que dicha grabación se hizo subrepticiamente y toda la información obtenida a raíz de ella debe eliminarse del procedimiento. Los abogados incorporan en su argumentación referencias a varias sentencias que anulan grabaciones obtenidas de forma similar.

Investigación a instancias de la Fiscalía y sin orden del juez

Según la narración cronológica de los hechos del atestado 182/2008 de la Guardia Civil (UCO), que dio lugar al procedimiento, el 4 de junio de 2008 Carlos Espino, entonces consejero de los Centros Turísticos, denunció que Fernando Becerra presuntramente intentaba sobornarle, en nombre de Luis Lleó, a cambio de que mediara en la retirada de un contencioso administrativo contra unas licencias en el Plan Pacial Costa Roja en Yaza. Según el testimonio del agente TIP J-97413-R, Espino habría denunciado previamente ante la Fiscalía de Sala del Tribunal Supremo, puesto que ésta fue la autoridad que promovió el desplazamiento de los agentes de la UCO desde Madrid a Lanzarote.

En el seno de esta investigación policial promovida, según la citada declaración, por el Ministerio Fiscal, se acordó con Espino citar a Fernando Becerra a una reunión el día 4 de junio de 2008 en el despacho oficial del primero, con el ánimo de grabar la conversación, dirigida por Espino. Los agentes desplazados desde Madrid facilitaron a Carlos Espino una grabadora marca Gnome, modelo P, número de serie 50217, instruyéndole sobre su operación y cooperando de esta forma decisiva en la grabación de la conversación.

Ni el Ministerio Fiscal, promotor de la investigación, ni los agentes, pidieron autorización del juez para grabar, a pesar de contar con tiempo más que sobrado para someter al control judicial la actuación.

Pinchazos nulos

La supuesta nulidad de la grabación de la reunión entre Carlos Espino y Fernando Becerra que origina la causa, invalida también, según los abogados, las intervenciones de los teléfonos de Fernando Becerra y de Luis Lleó. El auto de 6 de junio de 2008 que las ordenó, y que supone la intromisión en el secreto de las comunicaciones, parte de informaciones obtenidas en dicha grabación realizada por Espino.