La falta de horas extra agrava la «situación crítica» de la Policía

10/07/2018

El agravio comparativo y el rechazo de los sindicatos dejan el asunto sobre la mesa. La oposición reconoce que la medida es necesaria, pero sólo la apoyarán si se extiende a todos los funcionarios

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Los agentes, este fin de semana, abandonaron una romería para atender un caso de violencia de género. Y otras veces ha sido para responder a una alerta en un barrio u otros casos», relató en el Pleno Juan Martel. El concejal de Seguridad tomó la palabra en el debate que se mantuvo para aprobar las horas extras de la Policía Local, con el fin de pedir a la oposición que «hagamos el esfuerzo todos, porque estamos en una situación crítica, de extrema urgencia».

Aseguró que la falta de efectivos es un problema que se extiende a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, de modo que los agentes locales deben cubrir situaciones que no pueden atender el resto de cuerpos de seguridad.

En el mismo debate, el concejal de Régimen Interior, Agustín Arencibia, manifestó que la Policía Local presenta «un déficit estructural consolidado». En concreto, detalló que al servicio le faltan 73 agentes para contar con una plantilla idónea, que la media de edad (50 años) es demasiada elevada y que desde 2006 no se han creado nuevas plazas.

En otro momento del debate, la alcaldesa intervino para señalar que, en la actualidad, la plantilla cuenta con 25 personas de baja y que, en 2019, el número de efectivos podría caer a la mitad.

La propuesta del Gobierno fue que se aprobara el pago de horas extra a los agentes, como medida extraordinaria y provisional, lo que requería, además, un acuerdo para modificar el presupuesto y poder destinar 162.000 euros a ese fin.

El asunto quedó sobre la mesa.

¿Y los demás funcionarios? En sus intervenciones, todos los grupos de la oposición rechazaron el expediente debido, fundamentalmente, a que se crearía un agravio comparativo con el resto del funcionariado, que dejó de cobrar horas extras cuando entró en vigor el plan de ajuste.

Esther González, de Podemos, habló de «trato discriminatorio con el resto de trabajadores». Un argumento en el que redundó José Hernández, de Sí Se Puede, quien añadió el hecho de que ningún sindicato lo apoya.

Sonsoles Martín, del PP, señaló que todos los funcionarios «deberían ser hijos de la misma madre» y recordó que los sindicatos hablan de llevar el asunto a la Fiscalía.

Alejandro Ramos, del PSOE, además de recalcar la falta de apoyo sindical, sugirió que se nutra a Telde con agentes de otros municipios en comisión de servicio y anunció que secundarán la iniciativa, si todos funcionarios tienen la misma opción.

Juan Francisco Artiles, de Más por Telde, reiteró que su grupo apoyará la propuesta si se consigue el beneplácito sindical.

Juan Antonio Peña, de Ciuca, dijo que si hay pacto con los sindicatos, darán el Sí, y abundó en que «la medida discrimina».

Fue Peña quien propuso dejar el asunto sobre la mesa, la idea que finalmente se votó y que fue secundada por toda la oposición y rechazada el Gobierno.