El Gobierno solicitará al juzgado paralizar el desahucio de Miriam

17/05/2019

Ya llegó la sentencia y obliga a una vecina de El Goro y a sus dos hijas menores a dejar la casa que okuparon en diciembre de 2018. Vivienda pedirá aplazar su salida hasta buscarle otro hogar

Se confirmó el pronóstico que tanto temía Miriam Morales Morales. El Juzgado de Instrucción número 2 de Telde dictó sentencia el 4 de mayo y la obliga, a ella y a sus dos hijas menores de edad, de 12 y 8 años, a desalojar la vivienda de las casas de promoción pública de El Goro que okuparon en diciembre de 2018. No fija plazo concreto. Solo que la deje tan pronto alcance firmeza el fallo. Además, la condena a una pena de 90 días de multa con cuota diaria de 2 euros, es decir, 180 euros. Miriam, que es usuaria de Servicios Sociales, ya ha hecho llegar el fallo al Ayuntamiento de Telde y al Gobierno de Canarias. Y su solución está en camino. Por lo pronto, fuentes de la consejería regional de Vivienda aseguraron este jueves que están encima de este caso y que se cursará una solicitud al juzgado para que paralice el desahucio hasta que se le pueda encontrar una alternativa habitacional a esta familia.

La sentencia cayó como un mazazo en casa de Miriam. Ya ha anunciado que interpondrá recurso por medio de un abogado de oficio. Y el Ayuntamiento de Telde le remitió el miércoles un escrito al Gobierno canario en el que, aparte de pedirle que busque un hogar para Miriam y sus hijas en el marco del programa Canarias +Viviendas x Familias, le insta a que también recurra la sentencia. ¿Por qué? Porque aunque la casa es propiedad del Gobierno regional, quien denunció a Miriam para desahuciarla es un particular que es hermano del que ni siquiera es el adjudicatario de la vivienda. Esa es la queja de Miriam.

«Me parece injusto, ese señor solo es resobrino de la adjudicataria y en teoría no debería tener ningún derecho sobre la casa por mucho que se la dejara su tía-abuela. Estas casas no se heredan. Tenía la esperanza de que el juez revisara bien los documentos y de que fuera justo, pero me parece que no ha mirado nada». Miriam no oculta que lo que ella hizo no está bien, pero insiste en que la casa llevaba año y medio o dos desocupada y que el que la ha denunciado en los juzgados para desahuciarla tampoco tiene derecho. La adjudicataria, que ostentaba su posesión en virtud de un contrato de arrendamiento suscrito en 1992, falleció en febrero de 2018 y el supuesto perjudicado por su entrada en la casa estaba en prisión. «Mi madre vive en El Goro y yo traté bastante a esa vecina; era soltera y antes de morir llevaba como tres años en una residencia». Es más, Miriam sostiene que antes de ella ya hubo otra pareja de okupas en esa vivienda. Sin embargo, el juez sostiene como hecho probado que tía-abuela y resobrino vivían en la casa y que cuando murió ella, el único morador fue él y que desde entonces se hizo cargo de todos los gastos. Y que en 2011 le legó en testamento todos los derechos sobre la casa. Dice que aportó la documentación que acredita los pagos de la renta y los recibos de agua y luz.

Con solo 426 euros al mes

Miriam no tiene apenas ingresos para alquilarse una casa. Solo cobra 426 euros al mes de subsidio y una manutención por su hija pequeña. De ahí que se viera obligada a okupar esta casa de El Goro. Por si no fuera poco, sus dos niñas están enfermas y la mayor acude a terapia psicológica gracias a una beca de La Caixa. Miriam también sufre depresión.