Medio Ambiente tramita el expediente para la declaración de lesividad

El Estado abre el proceso para quitarle la playa de Tauro a Anfi

21/12/2017

El Gobierno central ha apreciado indicios de que la concesión de la playa de Tauro a Santana Cazorla es «lesiva para el interés publico», por lo que ha abierto un expediente con el fin de declarar la nulidad del acta de replanteo de la concesión. El proceso puede acabar en un nuevo concurso.

La Secretaría de Estado de Medio Ambiente lleva meses tramitando un procedimiento de declaración de lesividad respecto al acta de replanteo de las obras correspondientes a la concesión otorgada por el Estado a Anfi Tauro S.A. para la ocupación de 11.200 metros cuadrados de dominio público marítimo terrestre con destino a la regeneración de la Playa de Tauro (Mogán, Gran Canaria) y la autorización para la explotación de los servicios de temporada de dicha playa.

La directora general de la Oficina Española de Cambio Climático Valvanera Ulargui firmó en pasadas fechas el acuerdo que implica la incoación del procedimiento de declaración de lesividad de la actuación en la costa, al entender que en el expediente se aprecian diversas irregularidares presuntamente consumadas en el acta de replanteo que firmaron el 4 de febrero de 2016 el entonces jefe de la Demarcación de Costas en Canarias José María Hernández León –cesado precisamente por esta actuación, y hoy pendiente de un proceso penal por estos mismos hechos-, el representante del concesionario Santiago Santana Cazorla y el director de los trabajos, Javier Gil González.

Apunta Ulargui que en el acta concurren cuatro vicios: los terrenos «no se corresponden con los comprometidos e identificados en el título concesional»; las inscripciones registrales presentadas por el concesionario para acreditar la titularidad de los terrenos «no se corresponden con la finca objeto de cesión, sino con una finca de mayor tamaño que los integra y sobre la que obran cargas y gravámenes»; no consta que las mencionadas fincas sean propiedad exclusiva del concesionario, «constando una participación del Ayuntamiento» y, por último, los terrenos «están afectados por ocupaciones puntuales».

Por todo ello, la directora de la Oficina de Cambio Climático, actuando en funciones de secretaria de Medio Ambiente, considera que en el acta de replanteo «concurre un vicio de anulabilidad, que requiere su declaración de lesividad para el interés público».

Refrendo a la Fiscalía

El expediente de Medio Ambiente refuerza la actuación del Ministerio Fiscal, que en el procedimiento penal abierto de oficio por la actuación en la playa de Tauro acusa al exjefe de Costas José María Hernández de prevaricación y falsedad y pide para él tres años de cárcel y 10 de inhabilitación.