Morales encargará saber el coste de desistir de Amurga

19/10/2019

El informe de los deslindes del Consejo Insular de Aguas detecta 48.107 metros de dominio público, lo que obliga a revisar el coste de las tres fincas

G. F. / Las palmas de gran canaria

El presidente del Cabildo, Antonio Morales, anunció ayer que encargará un informe jurídico que determine si tiene o no tiene coste económico para la institución desistir al final de la compra de las tres fincas de Amurga, unas 466,5 hectáreas, que la corporación insular quiere utilizar para reforestaciones. Los socios socialistas de NC en el nuevo ejecutivo, surgido tras las elecciones, han dejado claro públicamente que esta operación no saldrá adelante con sus votos, por lo que, de llevarse a aprobación plenaria, el expediente no contaría con los apoyos suficientes para que prosperase.

Morales quiere saber si al parar ahora la compra se lesionan o no hipotéticos derechos de la otra parte, de los vendedores. La adquisición, tasada en 4,06 millones de euros, ya fue aprobada por la corporación insular el 28 de diciembre de 2018, pero el dinero aún no se ha abonado porque se descubrió que no se habían hecho los deslindes de los terrenos que en esa superficie eran de dominio público, fundamentalmente los cauces de barranco.

En todo caso, esta operación ha estado envuelta en la polémica casi desde el principio, al trascender que entre los propietarios del suelo afectado figuran la esposa y cinco cuñados de Román Rodríguez, actual vicepresidente regional y líder de NC, el mismo partido que gobierna el Cabildo en coalición con el PSOE y Unidas Podemos. Entonces, en el mandato anterior, tanto NC como PSOE aseguraron que desconocían esa vinculación y siguieron adelante con la tramitación hasta que se supo que faltaba deslindar el dominio público. El problema ahora es que los nuevos consejeros del PSOE, ya en este mandato, volvieron a pactar con NC, pero han dejado claro por activa y por pasiva que no aprobarán esta adquisición.

Con o sin apoyos, el trámite que faltaba ya se ha culminado. El Consejo Insular de Aguas ha detectado 48.107 metros cuadrados de suelo que ya es público al formar parte del cauce de ocho barrancos, cañadas o barranquillos (un 1% del total), por lo que su coste deberá descontarse de la tasación global de las fincas. Dado que el precio fue de un euro el metro, la revisión del coste final restará 48.000 euros a los 4,06 millones iniciales. Una vez se haga esa revisión, el siguiente paso, anunció ayer Morales, será encargar ese informe que determine el coste de desistir de la compra.