«Poco va a moverse en el solar del Canódromo»

«Lo lógico es que se haga (el pronunciamiento) en el mismo sentido que la Sala porque es algo incidental y no afectaba» al fondo de la cuestión, señaló el alcalde, quien expuso que, de cara a los vecinos, al menos en el corto plazo, «poco va a moverse en el Canódromo».

El Tribunal Supremo, tal y como adelantó CANARIAS7 en su edición del lunes, ha decidido atender el argumento de los vecinos, relativo a la arbitrariedad de la inclusión de dos torres con 120 pisos, pese a que fue esgrimido en la fase de conclusiones, razón por la que fue desechado por el TSJC, en octubre del año pasado, sin analizarlo siquiera.

Para Hidalgo, lo que se trata de dilucidar ahora es una cuestión más formal, referida al momento procesal en el que se presentó un nuevo argumento por parte de la asociación Avecalta y que no fue tenida en cuenta por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), algo que ahora corregirá el Tribunal Supremo.

El alcalde insistió, en declaraciones a los periodistas, que desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se trabaja en la defensa del interés general, que pasaría en buena medida por evitar que la empresa Realia, titular de la licencia de obra, pueda reclamar una indemnización multimillonaria.

Aunque Hidalgo no quiso concretar ninguna cifra, los servicios jurídicos municipales son conscientes de que la constructora presentó un escrito en sede judicial en el que fijaba un coste para la ciudad de entre tres y veintiún millones de euros.

Que sea una cantidad u otra depende, desde la perspectiva de Realia, de si se puede terminar la obra o no. Así, aunque el análisis se ciñe hasta el año 2010, ya se fijaba una cuantía de 2,82 millones de euros en el caso de que la constructora pudiese seguir con la promoción y en concepto de daños y perjuicios, según consta en un informe pericial presentado al juzgado.

En cambio, si no fuera posible continuar con la promoción, los daños y perjuicios ascenderían como mínimo a los 20,3 millones de euros, que podría incrementarse en 769.000 euros más por daños y perjuicios morales y gastos financieros posteriores a 2010.

El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria aseguró que lo que está en cuestión en estos momentos no es la licencia de obra mayor, concedida a Realia para la construcción de 120 viviendas, 165 plazas de aparcamiento y 101 trasteros en dos torres de catorce plantas de altura. «La licencia existe y está viva», explicó Augusto Hidalgo, quien entiende que no se cumplen los requisitos para declarar la caducidad de la licencia, tal y como solicita la asociación de vecinos Ciudad Alta (Avecalta). «No se puede achacar al promotor que no se haya hecho la obra», expuso el regidor. Para él, declarar caducada la licencia podría generar el derecho a una indemnización por parte de Realia.