Meando la comisaría del parque

«La ciudad se quedó completamente desatendida», explicó el portavoz de Comisiones Obreras, Iván Jiménez, «salvo casos de accidentes con heridos o reyertas, el resto no se atendió porque evidentemente el personal que había era insuficiente».

«La gente estaba llamando a la Policía Local y muchos servicios no se pudieron atender», añade José Antonio Alonso, de UGT, «la gente volvía de San Telmo, ebria, al finalizar la cabalgata, dando golpes a coches y papeleras y provocando bastantes altercados de seguridad».

Por su parte, el representante de la Unión Sindical de la Policía y Bomberos (USPB), Víctor García, detalla que «se dio orden de que los efectivos se mantuvieran pendientes de las aglomeraciones de personas en torno a la cabalgata y que solo se atendieran por el 092 las urgencias o servicios en los que, por su relevancia, se tuviera que mandar unidades, por lo que muchos requerimientos al 092 no se atendieron por no haber unidades disponibles».

El epítome de esta desprotección lo encarnó el cuartel de Santa Catalina, donde solo dos agentes se mostraban incapaces de atender los requerimientos ciudadanos, ni siquiera de garantizar su propia seguridad. Por este motivo, decidieron echar el cierre a la comisaría, permaneciendo ellos dentro.

«Los compañeros tuvieron que cerrar las puertas porque la gente ya estaba meándose en la puerta», denunció Jiménez.

«Tuvieron que cerrar las puertas en Santa Catalina y hubo problemas porque la gente se ponía a mear contra el cuartel y a pedir ayuda», detalla Alonso, «había gente con rajas en la cabeza y hubo bastante avalancha de personas pidiendo colaboración pero no había efectivos para mandar». A las 02.30 horas, fueron auxiliados por un equipo del GOIA hasta el desalojo de los ventorrillos.

UGT critica además que durante el mogollón que siguió a la cabalgata «no hubo ni un policía local desplegado». «No pasó a mayores porque Dios es grande», sentencia Jiménez.

El origen de este problema está en los impagos de las horas extra por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que ha hecho que los funcionarios no atiendan llamamientos especiales fuera de turno. Para la cabalgata se necesitaban 140 agentes, pero solo hubo sesenta voluntarios. Como con este número, el despliegue de efectivos resultaba insuficiente para garantizar la seguridad, se optó por incorporar a 72 agentes recurriendo a las horas de libre disposición, aunque según Comisiones Obreras aquí también hubo problemas. «Unos cuarenta policías desistieron de acudir a la cabalgata porque a día de hoy todavía hay unos ochenta agentes a los que se les adeuda la libre disposición de 2018», aseguró Jiménez.

Con los 72 de libre disposición y los 35 del GOIA -unidad especial- se puso en marcha la cabalgata, pero a las 21.30 horas los citados 72 policías acabaron la jornada, y se incorporaron los 35 del turno de noche y la vigilancia privada. El Ayuntamiento sigue sin responder sobre su contratación.

El representante de UGT en la Policía Local, José Antonio Alonso, criticó que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria supliera a los policías locales con agentes de seguridad privada «cuando podría haber llegado a acuerdos con la Policía Local de otros municipios». En su opinión, la privatización de la seguridad pública que impulsó el tripartito progresista «es algo inaudito en España».

La Inspección provincial de Trabajo y Seguridad Social ha reclamado al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que dote a los agentes de ropa de señalización de alta visibilidad. Hasta el momento, los agentes portaban un chaleco reflectante de alta visibilidad, «que no reúne los requisitos de categoría 3 en cumplimiento de la NTP 718 -una guía de buenas prácticas-, de ropa de señalización de alta visibilidad, pues no se garantiza la visibilidad de los brazos cuando por las condiciones climáticas se quitan la chaqueta».

El pronunciamiento de la Inspección de Trabajo se realiza a partir de una denuncia interpuesta por el representante de la Unión Sindical de la Policía y Bomberos (USPB), Víctor García, contra el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Las prendas de la clase 3, que requiere la Inspección, «proporcionan el mayor nivel de visibilidad» y están pensadas para «áreas de alto riesgo, malas condiciones climáticas y tráfico con velocidades superiores a los 80 kilómetros por hora».

De lo que se trata es de «proporcionar un aumento de la visibilidad a la mayoría del cuerpo, como brazos y piernas».

Además, los inspectores prohiben el uso de las motocicletas a los agentes en caso de alerta por lluvia o viento, de modo que tendrán que patrullar en coches. Y también dicen que las cazadoras de Tráfico no cumplen la norma en cuanto a protecciones inflables.