Límite a las terrazas entre Joaquín Costa y Farray

14/03/2018

El Ayuntamiento capitalino ha iniciado el trámite para declarar el espacio entre la calle Joaquín Costa y la plazoleta de Farray zona saturada, lo que impedirá la instalación de nuevas terrazas. El concejal de Urbanismo, Javier Doreste, confía en que pueda ser una realidad en un plazo de «tres meses».

El entorno comprendido entre la calle Joaquín Costa y la plazoleta de Farray verá limitada la presencia de terrazas en virtud de la declaración de zona saturada que ya tramita el Ayuntamiento capitalino y que se prevé sea una realidad «en tres meses», anuncia el concejal de Urbanismo, Javier Doreste.

La iniciativa «está en trámites» ya que «se está recogiendo toda la documentación porque se tiene que fundamentar», comenta. Además, explica que esta declaración, que en la actualidad solo se aplica a la calle Cano, en Triana, supone que en la zona afectada «no se pueden poner más terrazas».

El Ayuntamiento prevé declararla zona saturada en un plazo de 3 meses

Apunta también que la medida implica que «los bares que quieran estar» en el entorno deben acogerse a la ley que recoge «que a 60 metros de un bar con música no puede haber otro». Al respecto, añade que si se diera esta concurrencia significaría que alguno de los negocios «no tiene licencia para ello».

Doreste dice que la declaración se va a hacer «con la normativa vieja, pero sería mejor si se aprobara la normativa de terrazas, que esperamos llevar a la próxima sesión de pleno».

En relación a las sanciones que se han impuesto a seis locales de esta parte de la ciudad, como reconoció la pasada semana Sergio Millares, al detectarse «usos indebidos» como exceso de mobiliario de la terraza, permitir sacar bebidas a la vía pública o incumplimiento del horario; Doreste indica que cada incumplimiento conlleva una sanción «de 3.000 euros mínimo», una cifra que «se dobla» en caso de reincidencia «hasta los 15.000».

Añade que los negocios denunciados tienen la posibilidad de fraccionar los pagos de estas multas «hasta en 36 meses» y que el Ayuntamiento, «en caso de ruidos», exige medidas previas al local antes de acudir a Fiscalía. «Nuestra intención es que adopten medidas correctoras para no tener que precintarlos», dice.

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