En el vertedero o en las calles

Cuando Inmaculada Medina se hace con la gestión del vertedero de Salto del Negro, la situación del complejo era angustiosa. El depósito operaba entre la ilegalidad y la incapacidad. Europa había obligado a cerrar el vertedero antes del 9 de junio de 2009, pero las instalaciones seguían recibiendo la basura de trece municipios. Por entonces llegaban al complejo 1.500 toneladas de residuos al día. Y apenas se trataba: se compactaba y se enterraba. En aquel momento había dos vasos: uno estaba ya sellado y otro se colmató al poco tiempo. Por eso, se empezó a utilizar un tercero, en la antigua presa, con permiso del Cabildo de Gran Canaria.

«Era un problema grave y urgente, teníamos que dar respuesta a la recogida de residuos. La única posibilidad que teníamos era llevarla al vertedero o dejarla en la calle, con lo que se hubiera creado un problema de salud pública». Este fue el argumento fundamental en torno al cual pivotó la defensa de la gestión de Inmaculada Medina como concejala de Limpieza durante el periodo comprendido entre 2008 y 2011, en su reciente declaración ante el magistrado del juzgado de instrucción 7 de la capital grancanaria. La edil comparecía en calidad de investigada por un supuesto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.

El interrogatorio trató de demostrar, en cambio, que durante la dirección de Medina, la situación del vertedero y su afección a los barrios colindantes empeoró.

Así se pusieron sobre la mesa varios informes en este sentido: uno de 2009 en el que se advertía de que el sistema de desgasificación se encontraba sepultado por un vertido de residuos sólidos urbanos efectuado por el propio Ayuntamiento, lo que imposibilitaba la realización de catas para hacer las mediciones de contaminación atmosférica; o dos escritos de 2010 en los que se advertía de que había aumentado el riesgo de explosiones por la mezcla de gases inflamables derivados de la descomposición de la basura; un informe sobre un incendio en 2010; o una advertencia, también de ese año, de que había basura bajo un tendido eléctrico que era urgente cambiar de sitio.

Medina se defendió diciendo que las decisiones siempre se adoptaban en base a criterios técnicos y aseveró que, desde su perspectiva, la situación del vertedero había mejorado porque se evitó el depósito de ruedas, se prohibió la entrada de escombros, se solventaron los problemas de la báscula, se mejoraron las condiciones laborales de los trabajadores y se reforzó la seguridad para que no entraran indigentes.

Su defensa se empeñó en demostrar que las decisiones estuvieron siempre respaldadas por los técnicos y que no tenían otra posibilidad. La edil recordó entonces que entre 2010 y 2011 mandó varios escritos al Gobierno canario y al Cabildo para decirles que no había otra alternativa que usar la presa. «Era un vaso impermeable», señaló, «¿qué hago si no con 1.500 toneladas de basura? ¿Dónde las dejo? ¿En las puertas del vertedero, en la calle, en las puertas del juzgado, en las de los vecinos? No teníamos otra opción entre lo malo y lo peor». Y lo peor era «tener 1.500 toneladas de basura en las calles de la ciudad, no era una cuestión estética, sino de salud pública».

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