El Ayuntamiento declara a 31 menores en riesgo en dos días

08/03/2020

Servicios Sociales impulsa de una tacada veintiún expedientes diferentes. En algunos casos la tramitación se inició en octubre de 2018. El tripartito dice que hay un acuerdo con la Dirección de la Infancia para aprobar los casos cuatro veces al año pero el Gobierno canario lo niega

La concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Carmen Luz Vargas, impulsó entre el 4 y el 5 de marzo el procedimiento tendente a la consecución de la declaración de riesgo de 31 menores residentes en el término municipal capitalino. Estos casos se incluyen en 23 expedientes que se pasaron a la firma en solo dos días, pese a que en algunos casos, en concreto el de dos niños, los trabajadores sociales municipales abrieron el informe de riesgo en octubre de 2018.

La aprobación de una tacada de todos estos expedientes provocó la sorpresa de algunos trabajadores sociales consultados por este periódico. Sin embargo, desde la Concejalía de Servicios Sociales se explicó, a través una portavoz del gabinete de prensa, que «debido al volumen» de casos, «se hace cuatro veces al año». Para ello, se cita un acuerdo con la Dirección General de Protección de la Infancia y de la Familia del Gobierno de Canarias, algo que desde este órgano se desmiente. Las fuentes consultadas en el Ejecutivo autónomo indicaron que los expedientes se tramitan a medida que son enviados desde el Ayuntamiento, pero no consta que haya ningún acuerdo para que los vayan remitiendo por bloques.

La ley establece que «se considera que el menor se encuentra en situación de riesgo cuando, a causa de sus circunstancias personales, familiares o por influencias de su entorno, se está perjudicando su desarrollo personal o social, sin alcanzar la gravedad suficiente para justificar la declaración de desamparo y la separación del menor de su familia».

Se trata del paso previo al desamparo -decisión que corresponde al Gobierno de Canarias-, que es cuando la administración autonómica asume la tutela del menor porque se detectan casos de malos tratos, abusos sexuales, inasistencia al centro escolar o cuando los padres se encuentren afectados por consumo de alcohol o drogas, entre otros casos.

El hecho de que el Ayuntamiento haya optado por acumular los expedientes para ponerlos a la firma cuatro veces al año podría hacer pensar que a los menores se les prorroga la situación problemática pero desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se niega esto. De hecho, las mismas fuentes indicaron que «desde que se detectan indicios de que cualquier menor puede ser declarado en riesgo, se empieza a intervenir con la familia y con el niño, esté declarado o no». Y aseguraron que la acumulación de los casos se trata de un acto administrativo que no afecta al servicio que se presta a los menores. «Desde que se detecta el riesgo, se empieza a intervenir», añadieron.

De hecho, de los 31 menores en los que se pone el foco de la declaración de riesgo, solo en un caso se inició el trabajo social con el niño en el presente año, en concreto en febrero. El resto son todos casos de 2019 y dos más de 2018.

En cuanto a las declaraciones de 2019, los técnicos de Familia e Infancia iniciaron el informe de riesgo en dos expedientes de marzo; en otros dos de abril; otro en junio; seis en julio; dos en agosto; cuatro en octubre; uno en noviembre y otro en diciembre.

Se trata de un trabajo que no es sencillo y que requiere de una atención continua, como demuestra el caso de tres hermanos. En agosto de 2013 se cerró la declaración de riesgo para dos de ellos, pero seis años después se reabrió la declaración de la situación de riesgo de los dos hermanos mayores y se incorporó también al menor en el mismo expediente administrativo.