El Ayuntamiento, a los tribunales
Emalsa ha iniciado los procedimientos judiciales oportunos para cobrar los más de 26 millones de euros que le adeuda el Ayuntamiento de la capital. La Intervención municipal tiene paralizado el pago de las facturas por los trabajos realizados por la operadora desde hace 18 meses, lo que a fecha de octubre totalizaba casi otros 7 millones de euros en concepto de intereses de demora.
Sábado, 18 de noviembre 2017, 21:25
Esta deuda supera los 21 millones de euros que dejó impagado el exalcalde Juan José Cardona, si bien esta cantidad correspondía únicamente al saneamiento de la ciudad. La operadora, por sentencia judicial, logró cobrar 6,6 millones de euros, correspondientes a los meses que reclamó en los tribunales, concretamente desde enero de 2013 a abril de 2014.
La sentencia fue atendida por el tripartito que gobierna la capital siguiendo el dictamen de la Asesoría Jurídica Municipal, que la encontró sobradamente fundamentada por el juzgado. En consecuencia, se decidió no recurrirla «para ahorrar a las arcas municipales más de un millón de euros en concepto de intereses».
La actual deuda incluye, además del alcantarillado, otros servicios del contrato, como por ejemplo la gestión de los lodos que origina la depuración de las aguas residuales y las correcciones constructivas de la planta de Tamaraceite que han hecho posible su entrada en servicio y actual explotación.
El concejal del servicio, Roberto Santana, de manera sorprendente, afirmaba –en marzo pasado- que las objeciones de la intervención municipal, que aún hoy mantienen sus funcionarias, constituían «un informe de reparos... que el servicio técnico de Aguas lo está resolviendo».
No ha sido así. Ocho meses después, ni el servicio técnico del agua ha resuelto lo que el concejal considera «reparos», ni la Intervención municipal libera el pago de los trabajos realizados por Emalsa. Hoy, solo por saneamiento, la deuda con la operadora se aproxima a los 11 millones de euros. Únicamente se ha pagado a la operadora los 6,6 millones de la sentencia por el impago de Cardona, y casi 2,5 millones de los meses de diciembre 2015 a mayo de 2016.
En total, algo más de 9 millones de euros, es decir, nunca los 14,4 millones de euros que, según llegó a afirmar el concejal Santana en marzo pasado, habrían sido «tramitados y fiscalizados por la intervención y pagados a través de una modificación de crédito».