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Catalina García y / Puerto del Rosario
Jueves, 1 de enero 1970
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El Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura (PIOF) marca el principio del distanciamiento entre Coalición Canaria (CC) y PSOE al exigir el consejo político insular de los nacionalistas que se detallen los cambios concretos que Blas Acosta, secretario insular socialista y consejero de Ordenación del Territorio, ha introducido en el actual borrador con respecto al tramitado en 2015.
El consejo político de CC parte de que respalda el trabajo de sus consejeros en la aprobación de la actualización del PIOF durante esta legislatura, pero supedita su visto bueno a que la Consejería de Ordenación del Territorio del Cabildo especifique los puntos donde se distancia del documento tramitado por la entonces Ornella Chacón en 2015. «De esa forma se podrá hacer una evaluación previa más exhaustiva en el propio consejo insular, antes de proceder a tramitar su aprobación definitiva», avisa el presidente insular de los nacionalistas, Mario Cabrera.
Sin hablar de desafío, ni mucho menos de provocación al referirse a la exigencia del consejo político nacionalista, Blas Acosta aclara que la diferencia entre ambos documentos radica que ha entrado en vigor una nueva Ley del Suelo que entró en vigor en septiembre de 2017 «y estamos trabajando en la adaptación del actual borrador del PIOF, que ya tenía requerimientos del Gobierno de Canarias para que lo subsanara».
En junio. Por tanto, los únicos cambios con respecto al plan de 2015 son «por imperativo legal y referidos a aspectos normativos que se suprimen desde justificación de las infraestructuras insulares como carreteras o centrales de producción energética hasta los suelos urbanizables no programados, fundamentalmente en el Plan General de Puerto del Rosario, que no sirve de nada si no tiene soporte en el PIOF».
El consejero y secretario insular socialista confía en que el borrador del documento esté finalizado en junio y que CC lo apoye porque «es un compromiso que el partido nacionalista asumió con nosotros en abril de 2015», como compromiso del pacto de gobierno en el Cabildo y varios ayuntamientos en la legislatura que entonces comenzaba.
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