«Ha habido voluntad pero la gestión migratoria es un fracaso»

-¿Qué análisis podemos sacar de unas instituciones que no han aprendido en estos 15 años?

-La respuesta está en la misma pregunta. En aquel momento llegaron 31.600 personas, nos pilló por sorpresa y el Gobierno tuvo que improvisar porque no se había vivido una situación similar. Sin embargo ahora sí que tenemos un precedente y seguimos teniendo problemas con los protocolos para distinguir a las personas más vulnerables y las instalaciones de acogida.

-¿En qué beneficiaría el Plan África al que ha hecho mención?

-Fueron medidas que se aprobaron en la anterior crisis para el control de la frontera, el sistema de repatriación o la integración de inmigrantes que se fueron olvidando con el paso del tiempo. A rasgos generales, entre nuestras propuestas queremos impulsar el Plan Canarias para crear más instalaciones, no masificadas y distribuidas de forma razonable por las islas; dotarlos de personal especializado en extranjería, así como intérpretes y letrados, para garantizar una atención jurídica individualizada; programas dirigidos a evitar la xenofobia que contribuyan a la integración en la sociedad; acuerdos bilaterales de España con los países de origen; y un acuerdo dentro de la UE para impulsar un verdadero el crecimiento económico en África.

-Varios sectores apuntan a la falta de transparencia de la Delegación del Gobierno sobre las cifras y las trabas a la movilidad de los solicitantes de asilo...

-Si tenemos en cuenta la suma del último trimestre de 2019 y lo que llevamos de este año, al archipiélago han llegado unas 28.000 personas, y quedan 8.000, luego el resto han sido devueltos a sus países o derivados a la Península. Algo se está haciendo. Es cierto que al principio se criticó un bloqueo en los aeropuertos, pero tras el recordatorio de deberes legales del Defensor del Pueblo, no me consta que esto se esté produciendo ahora.

-En este contexto también es evidente que existe controversia respecto a las competencias. ¿Cree que Canarias debería asumir una mayor responsabilidad en la gestión del fenómeno migratorio?

-La inmigración es una política de Estado y creo que debe seguir siéndolo, sobre todo para dar unidad de criterio con respecto al cumplimiento de la ley. De hecho, si hubiera que cambiarla, no debería ser para localizarla, sino al revés. Deberíamos trabajar por una política migratoria común en toda la Unión Europea. Las personas que llegan a las islas se dirigen a otros países del continente donde tienen familia y amigos y donde podrían trabajar en la agricultura, ganadería o industria. Aquí no tenemos esos puestos de trabajo, nuestro mayor ingreso viene del turismo. Por ese motivo he reclamado un mecanismo automático de reparto de las personas entre todas las comunidades autónomas para una mayor equidad. Recordemos que ahora le sucede a Canarias, pero hace dos años fue Andalucía la que pedía auxilio tras un importante repunte. Esto no es un hecho extraordinario, sino que responde a varios motivos sociales, económicos y demográficos que hacen que desde África se quiera venir a Europa. Es una nueva etapa, una nueva realidad.

-En esta línea, la Comisión Europea señalaba esta semana que la responsabilidad de las derivaciones a la Península es de España, cuestionando el argumento de Marlaska de que era compartida con la UE.

-No estoy al tanto de estas declaraciones, pero si es así la actitud del ministro es errónea. Volvemos a la necesidad de establecer un criterio común, y también con Europa. Todos los países deberían plantear unos protocolos de distribución, porque no es justo que los territorios del sur lleven el peso del fenómeno, ya que se colapsan los sistemas de atención social, sanitaria y jurídica.

-¿Está de acuerdo con la opinión del Delegado sobre que las derivaciones no son la solución porque consolidan a las islas como un lugar de paso?

-Esas son competencias del Gobierno del Estado. En mi caso, debo velar por el cumplimiento de los Derechos Humanos, y las imágenes del muelle de Arguineguín son el claro ejemplo de que ha habido un fracaso en la gestión. Si no somos capaces de atender individualmente a las personas que llegan a nuestras costas de forma digna, entonces tendremos que pedir ayuda.

-¿Qué garantías reciben, en este sentido, los inmigrantes en situación de calle?

-Es una situación verdaderamente complicada. Ya de por sí es preocupante, pero a eso se añade el caso de los menores, muchos pendientes de las pruebas óseas, y una vez cumplen la mayoría de edad también se quedan en la calle. Hay un vacío legal cuando salen de la tutela del gobierno, por lo que hemos pedido que se modifique la Ley de Extranjería con el objetivo de que esas personas adquieran automáticamente un permiso de residencia para trabajar. Si en los centros de acogida han hecho los deberes, a los 18 deberían estar preparados para incorporarse al mercado de trabajo.

-¿Cree que algunas de las deficiencias en el trato a menores viene por parte de que prima la extranjería sobre la minoría de edad, como se ha criticado?

-Evidentemente. El problema es que cuando llegan no siempre se sabe que son menores y hay que esperar por la prueba para ver si tienen unos derechos u otros y eso lo tiene que llevar Extranjería. Lo complicado viene porque no estamos hablando de cuarenta sino de más de 2.000 y Canarias es un territorio pequeño con un servicio sanitario limitado. Afortunadamente, ya se ha llegado a acuerdos con otras comunidades para darles acogida.