Madrid y Canarias buscarán nuevamente el apoyo del PP y modificar la Ley de Extranjería

El presidente, Pedro Sánchez, ha dado «instrucciones» a los distintos ministerios implicados para que intensifiquen los contactos con las distintas fuerzas políticas, especialmente con el Partido Popular (PP), y se pueda alcanzar un acuerdo en torno a la modificación de la ley de extranjería.

Esta fue la principal conclusión de la reunión que este viernes mantuvieron Sánchez y el jefe del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo, para abordar la situación de los menores migrantes en el archipiélago y la falta de recursos para atenderlos.

Tras el encuentro -Sánchez eludió hacer declaraciones-, el ministro de Política Territorial y mando único de Madrid en materia migratoria, Ángel Víctor Torres, señaló que el cambio legislativo es «la única solución posible» para dar respuesta a la presión que viven las islas por la acogida de más de 5.200 menores.

Puntualizó que para ello «se exige obligatoriamente la mayoría de los votos del Congreso y fundamentalmente de las comunidades autónomas, que son mayoría del PP».

Apuntó además el ministro que en la reunión «no se habló de decreto ley» -la opción por la que aboga el Gobierno de Canarias- sino del mecanismo legislativo que permita contar «con más síes que noes» para cambiar el artículo 35 de la ley de extranjería «de manera rápida y urgente y aplicarla de manera inmediata».

El cambio permitiría que las distintas comunidades tengan la obligación de acoger menores derivados de Canarias u otros territorios saturados como Ceuta.

Por su parte, el presidente canario -que no se sentirá «satisfecho» hasta que empiece a ver resultados- insistió en que es preciso dar «una respuesta de país» a la situación de los menores porque no se trata de un problema político o territorial, sino de un drama humanitario, reiteró.

Hizo hincapié en que es «muy poquito» lo que separa las distintas posiciones sobre la modificación normativa y confía en que en los próximos «días o semanas» puedan intensificase los trabajos que concluyan en un acuerdo.

Explicó que en este momento la diferencia estriba en la financiación por los menores derivados y la definición del cupo por comunidad. Al respecto, Clavijo dijo que «cuesta creer» que no se puedan acercar posturas sobre estos asuntos puesto que «son recursos públicos, sean de una administración o de otra».

En su opinión, resulta «incomprensible de un lado y de otro» que «la incapacidad para decidir quien tiene que poner la financiación impida un acuerdo». En cuanto a la exigencia del PP de que este asunto fuera tratado en la Conferencia de Presidentes que se celebrará el próximo septiembre, el ministro Torres indicó que se incluirá en el orden del día.

En cuanto a las negociaciones que se han llevado a cabo hasta ahora, Ángel Víctor Torres señaló que los contactos con los grupos parlamentarios no se han roto y manifestó «con claridad» que el partido con el que más habló y con el que intercambió más documentos en el mes de julio -cuando se presentó la proposición de ley que finalmente no fue admitida a trámite- fue el PP.

Por eso, insistió en pedir a la organización de Alberto Núñez Feijóo que se ponga «de parte del consenso y no del problema».

En este sentido, el presidente canario recordó que después del «chasco» que se llevó cuando los votos del PP, Junts y Vox impidieron la tramitación de la iniciativa -pactada por PSOE, Sumar y CC-, el «optimismo se desinfla», pero «en vez de tirar la toalla hemos seguido peleando». Si finalmente la modificación de la ley de extranjería no sale adelante, «se estará dejando sola a Canarias, y eso me cuesta creerlo», dijo.

Por eso, confía en que con el respaldo del presidente Sánchez se pueda conseguir el consenso «en cuanto se establezcan las reglas del juego» y que pueda estar en 15 ó 20 días, un plazo que calificó de «razonable».

Ya sea por decreto ley o proposición de ley, lo importante es que se produzca este cambio por amplio acuerdo y sea rápido «ante lo que vamos a vivir en los próximos meses», ya que según las previsiones del Gobierno de Canarias, podrían llegar a las costas de las islas en torno a 3.000 y 7.000 menores entre septiembre y diciembre.

Por otro lado, el Gobierno central se comprometió ayer a aportar 50 millones de euros a Canarias por la atención de los menores migrantes no acompañados. Tal como explicó el ministro, en 2022 y 2023 se aprobaron dos enmiendas por esta cantidad, pero este año, con los presupuestos prorrogados, esta partida no existe. Aún así, se habilitará porque la comunidad tutela en este momento muchos más niños que en ejercicio anteriores.

Esta cifra fue considerada insuficiente por el presidente canario para quien, «si en años anteriores, que había menos niños, recibíamos 50 millones, en esta ocasión la cantidad debe ser muy superior». A su juicio, la solución es tan fácil como «aplicar una regla de tres».

Asimismo, Fernando Clavijo señaló que, después de que el Ministerio de Defensa rechazara ceder a la comunidad autónoma tres instalaciones militares en desuso para la acogida de menores, no seguirá reclamando estos espacios porque «nuestra posición no es que los menores se queden en Canarias porque no podemos seguir soportando esa presión».

La respuesta, añadió, «no es más espacio, sino que los chicos puedan salir hacia otros territorios donde tengan un proyecto de vida». Además, apuntó, las entidades sociales tampoco podrían atender a más menores por falta de personal.

Al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, le «gustaría» que Bruselas tuviera un papel «más determinante» en la política migratoria y en la situación que vive el archipiélago por este fenómeno. Sin embargo, reconoce que «la mayoría política que resultó de las últimas elecciones europeas (con un auge de la extrema derecha ) lo va a dificultar un poco».

Clavijo hizo estas manifestaciones tras valorar positivamente el viaje que Sánchez realiza la semana que viene a varios países africanos con el objetivo de impulsar proyectos de cooperación y avanzar en el refuerzo del control de las fronteras.

Para el dirigente canario, España y la Unión deben intensificar su labor diplomática y respaldar a las autoridades de países como Mauritania que están actuando de «contención» en la salida de migrantes.

En el encuentro entre los dos dirigentes también se refirieron a la agenda canaria. Al respecto, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, destacó que el Estado ha destinado 980 millones para la reconstrucción de La Palma tras el volcán.

De este montante, en torno a 700 millones proceden de los distintos ministerios para ayudas a empresas, agricultores, familias, o infraestructuras como carreteras y vivienda.

En este sentido, Clavijo señaló que ya se están empezando a abonar las indemnizaciones por el valor de lo perdido y muchas familias pueden empezar a «recuperar la vida que tenían».

Asimismo, destacó que Madrid incluyó en los presupuestos prorrogados de 2024 una partida de 100 millones para la isla, que se suman a los 50 millones que aporta Canarias.

Según recoge Efe, el Partido Popular (PP) ha criticado que Sánchez haya elegido La Palma para abordar la situación de la inmigración en su reunión con Clavijo pero no para tratar la situación de los afectados por la erupción.

La secretaria insular del PP de La Palma, Nieves Hernández, ha considerado al respecto en un comunicado que «Sánchez ha dado la espalda a los palmeros pero le conviene sacarse la foto con el Gobierno canario en nuestra isla».

En concreto, el PP palmero alude a las cuestiones que, durante la erupción del Volcán de Tajogaite, el presidente estatal prometió a los damnificados que perdieron su vivienda habitual y a las administraciones locales a las que insistió en que les llegarían ayudas económicas para llevar a cabo la reconstrucción.

Pero, prosigue Hernández, «los damnificados, después de tres años, siguen esperando tener una solución habitacional mientras aún viven en contenedores, sin tener un horizonte temporal para poder tener una vivienda definitiva».

También incluye entre estas promesas «incumplidas» el pago de los gastos comprometidos con las instituciones locales para la reconstrucción de la isla ya que, ha añadido la dirigente popular, el Gobierno central se comprometió con el Cabildo y los ayuntamientos a asumir el pago de una serie de gastos ocasionados por la emergencia pero, ha afirmado, «hoy en día no se ha realizado la transferencia del capital total entre las mismas».

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