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Sebastián Franquis, en la rueda de prensa que ofreció para hacer balance de su primer año como consejero autonómico. Efe
Varapalo del TSJC a la gestión de Franquis y del Tribunal de Contratos

Varapalo del TSJC a la gestión de Franquis y del Tribunal de Contratos

Da la razón a OHL, primera adjudicataria del anillo insular de Tenerife, que vio cómo la obra acabó en manos de FCC | Obras Públicas dio marcha atrás tras el recurso de FCC al órgano adscrito a Hacienda

Francisco Suárez Álamo

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 21 de marzo 2024, 13:03

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La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), con sede en Santa Cruz de Tenerife, acaba de anular la decisión del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma (TACP) y de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno regional de adjudicar en segunda instancia a la unión temporal de empresas (ute) conformada por FCC, El Silbo Construcciones y Obras y Syocsa-Inarsa la obra del cierre del anillo insular de Tenerife, excluyendo de la licitación a la primera adjudicataria (la ute integrada por Obrascon, Excavaciones Bahíllo y Asfaltos Bahíllo).

Según el pliego de la licitación, el valor de la obra se fijó inicialmente en 311.682.321,60 euros. Además de la relevancia de la adjudicación para la conectividad en la isla de Tenerife, el importe de la misma coloca ahora al Gobierno ante la posibilidad de una reclamación millonaria por parte de la primera adjudicataria. Todo ello a expensas del previsible recurso del Gobierno de Canarias y de FCC (codemandada en el pleito) ante el Tribunal Supremo.

Los hechos se remontan a 2019. En el tramo final de la legislatura gobernada por Fernando Clavijo, la Consejería de Obras Públicas, con Pablo Rodríguez al frente, sacó a concurso la licitación y se presentaron seis uniones temporales de empresas.

La mejor valorada, con un total de 95,50 puntos, fue la liderada por OHL, con la de FCC en segundo lugar, con 92 puntos. También concurrieron otros grandes grupos constructores, como Acciona, Sacyr, Dragados y Azvi, todos ellos liderando diferentes utes.

La Mesa de Contratación, tras dirigirse a OHL para que desglosara «razonada y detalladamente», según el fallo del TSJC, «el bajo de nivel de los precios o de los costes» de su oferta, acordó elevar al órgano de contratación la propuesta de adjudicación a esa ute por el importe ofertado:213.491.998, 19 euros, IGIC excluido.

El 4 de junio de 2019, el entonces consejero Pablo Rodríguez firmó la orden de adjudicación a la ute liderada por OHL y así se anunció públicamente.

El 26 de junio de ese año, FCC interpuso recurso especial en materia de contratación ante el Tribunal de Contratos, que es un órgano unipersonal presidido por Pedro Gómez y adscrito a la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias.

En síntesis, el recurso cuestionaba la decisión de la Mesa de Contratación alegando que no había realizado un «análisis profundo de las importantísimas cuestiones que debían revisarse y debatirse, como los incumplimientos de la normativa laboral que coadyuvan al precio anormalmente bajo de la oferta adjudicataria». En ese sentido, hacía mención expresa de supuestos «incumplimientos de la normativa sobre subcontratación, en material medioamiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes».

Tras recibir el Tribunal de Contratos ese recurso, se dirigió a la Consejería de Obras Públicas, que contestó ya consumado el cambio de gobierno en Canarias en 2019. Así, la respuesta llega con Sebastián Franquis como consejero, con Conrado Domínguez como secretario general técnico y con cambios también en el área jurídica, a la que se incorporó temporalmente a personas que habían trabajado con Domínguez en su etapa de director del Servicio Canario de Salud (SCS).

Tras recibir del Tribunal de Contratos una petición de alegaciones, la Consejería de Obras Públicas dio la razón a FCC. El Tribunal de Contratos resolvió entonces a favor de la ute recurrente y el consejero Franquis anuló la adjudicación, excluyó de la licitación a OHL y entregó la obra a FCC.

Tras el recurso de OHL contra esas decisiones, el Tribunal Superior acaba de fallar estimando el recurso contencioso-administrativo, «anulando la resolución del Tribunal Administrativo de Contratos de la Comunidad Autónoma de Canarias número 192/2019, de 30 de septiembre, por la que se ejecuta, y cualquier otra que traiga causa o sea dictado en su ejecución o cumplimiento, dejando sin efecto la anulación de la adjudicación y la exclusión de la oferta de la UTE-OHL acordada, ratificando lo dispuesto en la orden del consejero de Obras Públicas y Transportes número 105/2019, de 4 de junio, por medio de la cual se declaró la viabilidad de la oferta de UTE-OHL y se la adjudicó la obra».

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