Torres, el testigo que ahora se enfrenta a la lupa parlamentaria

Fue en octubre de 2022 cuando el juez Javier García García-Sotoca citó en calidad de testigo al presidente de Torres. La noticia elevó la presión política sobre el Gobierno, que hasta entonces trataba de mantener acotado el escándalo en torno a Conrado Domínguez, al que sin embargo mantenía como director del Servicio Canario de Salud.

Tras escuchar las declaraciones del propio Domínguez, de Ana María Pérez, entonces directora de Recursos Económicos del SCS y de otros altos cargos y funcionarios de Sanidad, el juez quería aclarar, entre otras cuestiones, un aspecto que ahora se revela como clave: el funcionamiento del Comité de Gestión creado ante la pandemia.

Al mismo se incorporó en marzo de 2020 Conrado Domínguez en calidad de coordinador y desde ahí salían, según Ana María Pérez, las órdenes de las empresas con las que contratar. Así queda por escrito en correos electrónicos enviados por la propia directora de Recursos Económicos a otros cargos y técnicos del SCS.

El presidente Torres tenía la opción de acudir personalmente al juzgado o contestar por escrito. El equipo de Presidencia optó por esta segunda fórmula. El argumento era evitar la imagen del presidente de Canarias rodeado por los medios de comunicación a la hora de la entrada y salida de la Ciudad de la Justicia, al tiempo que desde Presidencia se insistía en que no había nada que ocultar y que el Gobierno estaba firmemente comprometido a colaborar con la Justicia para esclarecer lo ocurrido.

Todo quedó en un limbo judicial al irrumpir la Fiscalía Europea. Este órgano reclamó la competencia del caso al entender que en el pago de 4 millones a RR7 United se utilizaron fondos comunitarios.

El juez García García-Sotoca pudo haber planteado un conflicto de competencias. Contaba para ello con un escrito de la Intervención de la Comunidad Autónoma que señalaba que efectivamente se inició el trámite para cargar el pago a dinero del Fondo Europeo de Desarrollo Regional pero que finalmente no se hizo así. El titular del Juzgado de Instrucción finalmente no planteó ese conflicto y el caso voló literalmente hasta Madrid, a la sede de la representación española de la Fiscalía Europea.

Ahí ha estado durante quince meses el voluminoso expediente. Hasta allí fue remitido el informe policial con las transcripciones de la conversaciones y mensajes que había en el teléfono móvil de Rayco González y de ahí ha salido el escrito con el levantamiento del secreto, así como con la citación de tres nuevos imputados y el llamamiento a los investigados para que declaren entre abril y mayo.

En cuanto al ministro Torres, seguramente en la comisión de investigación se encontrará con las preguntas que el juez y el fiscal Anticorrupción tenían preparadas para él.