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El ministro Ángel Víctor Torres compareció este viernes en rueda de prensa. Arcadio Suárez

Torres pedirá corregir las 'leyes de concordia' tras el rechazo de la ONU

El Estado convocará una comisión bilateral con Aragón al considerar que la norma vulnera derechos fundamentales

Efe

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 3 de mayo 2024, 11:47

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El Gobierno de España emplazará a Aragón a una negociación bilateral, previa a un posible recurso ante el Tribunal Constitucional, con el fin de que corrija, como ha pedido la ONU, su Ley de Concordia, ya que considera que vulnera los derechos humanos e invisiviliza a las víctimas de la dictadura franquista.

Así lo ha anunciado este viernes el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres (PSOE), quien ha advertido de que el Ejecutivo actuará de la misma manera con la Comunidad Valenciana y Castilla y León, si acaban aprobando sus hasta ahora proposiciones de ley en la materia.

El Gobierno de España toma esta decisión después de la ONU le haya pedido que tome las «medidas necesarias» en relación con las «Leyes de la Concordia» impulsadas por el PP y Vox en Aragón, Castilla y León y la Comunidad Valenciana para garantizar «la preservación histórica de la memoria de graves violaciones de derechos humanos».

El ministro ha subrayado la «unanimidad y contundencia» de la «demoledora» comunicación de Naciones Unidas y también su rápida respuesta al requerimiento formulado por el Ejecutivo español respecto de estas tres iniciativas legislativas, al entender que pretenden «blanquear la dictadura» de Franco, al no condenarlo ni hacer referencia a las víctimas del bando republicano.

Torres ha recalcado que estas iniciativas suprimen procesos de memoria ya iniciados y que contaron con el respaldo del PP, un partido, ha dicho, que ahora que necesita mantener pactos de gobierno con Vox es víctima de una «sumisión a la ultraderecha» por la que se deroga a sí mismo, aunque para ello recurra a «bulos».

El ministro ha recalcado que estas formas de proceder constituyen una «amenaza», ya que implican una «defensa de los totalitarismos», como se ha visto en los últimos días con una manifestación en Milán (Italia), y ha insistido en que «la historia no se puede cambiar».

Responsabilidades

En su escrito, la ONU recuerda que todos los poderes del Estado español, ya sea ejecutivo, legislativo o judicial, y todas las entidades nacionales, regionales o locales «deben cumplir con la obligación de proteger los derechos humanos», y que el incumplimiento de esas obligaciones compromete la responsabilidad de España.

Lo expone en una comunicación conjunta del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias y el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.

La ONU insiste en que esas medidas deben estar encaminadas a preservar del olvido a la memoria colectiva y, en particular, evitar que surjan tesis revisionistas y negacionistas. Estas leyes, obstaculizarían el derecho a conocer la verdad y el derecho a la libertad de asociación, advierte la comunicación de la ONU.

Este informe responde a la iniciativa del Gobierno central de elevar a las principales instancias europeas e internacionales las medidas contra la Memoria Democrática emprendidas por el PP y Vox en varias comunidades autónomas.

El Ejecutivo anunció en abril su intención de recurrir a Naciones Unidas, el Parlamento Europeo, y al Consejo de Europa, estas iniciativas.

La comunicación incide en la obligación del Estado español en su conjunto de garantizar la preservación de la memoria colectiva «relativa a las violaciones manifiestas de los derechos humanos, tales como las cometidas en periodo de dictadura franquista y guerra civil, en tanto elemento esencial de la reparación debida a las víctimas, de las garantías de no repetición de la violencia pasada y del derecho a participar en la vida cultural».

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