El presidente de Canarias, Ángel Victor Torres, durante su reunión con el ministro de Migraciones, José Luis Escrivá. / EFE

Torres asume que el reparto de los menores entre autonomías por ley no es posible en esta legislatura

El ministro Escrivá comparte la necesidad de impulsar una norma de corresponsabilidad pero pide un consenso previo entre las comunidades

Loreto Gutiérrez
LORETO GUTIÉRREZ Madrid

El presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, reconoció ayer que su demanda de una ley estatal para fijar un reparto proporcional y obligatorio entre autonomías de los menores migrantes que llegan a las islas tiene escasas posibilidades de fraguar en la actual legislatura.

Torres, que se reunió ayer con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, recordó que la distribución de los menores depende ahora en exclusiva de la solidaridad de otros territorios.

El acuerdo alcanzado en conferencia sectorial establece el reparto de 300 de esos jóvenes por otros territorios a lo largo de 2022 y 2023, una cifra «insuficiente» porque Canarias sigue estando muy por encima de su capacidad de acogida, a lo que se añade que el perfil del migrante ha cambiado y cada vez llegan más mujeres y niños.

«En la actualidad tenemos unos 2.400 menores y siguen llegando», expuso Torres, «hay autonomías que han respondido a la petición de solidaridad, pero otras ni siquiera han contestado a la carta que les envié», añadió.

Ante esta situación, el presidente canario recalcó ante Escrivá que la solución definitiva pasa por que el Gobierno estatal promueva una ley para su debate en el Congreso. «Es lo que llevamos demandando desde hace tiempo», expuso, «¿es posible antes de que acabe la legislatura? Es complicado, por el tiempo que queda y porque exige consenso», asumió.

Ante la reivindicación del presidente canario, Escrivá aseguró que comparte plenamente la necesidad de una norma que regule la corresponsabilidad en materia de menores no acompañados, pero reconoció también que el Ejecutivo no tiene previsto impulsar ninguna ley en este sentido, porque su aprobación requeriría de un amplio consenso que de momento parece improbable.

«Estoy totalmente de acuerdo con que se tiene que hacer de forma normativa, y de hecho esa es la postura que defiende el Gobierno español a nivel europeo en el pacto de migración y asilo», señaló el ministro, «pero es un tema que requiere el consenso de las comunidades autónomas, porque es competencia suya, y tiene que nacer de un acuerdo de la conferencia sectorial, que es donde están representadas», añadió.

Escrivá aseguró que el Gobierno es «absolutamente consciente» del sobresfuerzo que hace Canarias en la acogida y tutela de los menores migrantes, y se mostró convencido de que «hay margen para aumentar la solidaridad interterritorial».

Tras la reunión con Torres, Escrivá confirmó que el próximo martes llevará a Consejo de Ministros un real decreto de subvención al Gobierno de Canarias por importe de 50 millones de euros para apoyar el gasto en menores, que corresponden a la partida recogida a tal efecto en los Presupuestos Generales del Estado de 2022. Para Escrivá, la transferencia de estos 50 millones supone el « reconocimiento desde el Gobierno del esfuerzo adicional de la Administración canaria en el ámbito migratorio».

Más allá de la situación específica de los menores no acompañados, el titular de Migraciones valoró favorablemente la evolución de la respuesta al fenómeno migratorio en las islas. «La gestión conjunta de la inmigración, si se mira con perspectiva una situación realmente compleja, creo que se está gestionando de forma muy eficaz», aseguró.

En este sentido señaló que en los centros de acogida hay en la actualidad 1.500 personas «con un alto grado de rotación, porque la gestión integral permite que los periodos de estancia sean relativamente limitados», añadió.