Se reactiva la reforma del Estatuto canario

Las reformas estatutarias no decaen con el fin de la legislatura, pero en la siguiente, que resultó fallida por la falta de acuerdo para formar gobierno, tampoco se debatió su toma en consideración. El Pleno acordó su tramitación por fin el pasado mes de diciembre y es ahora, un año después, cuando los grupos empezarán a discutirla en profundidad primero en ponencia y después en comisión.

Han transcurrido en total tres años y siete meses entre que se registró en el Congreso y se van a presentar las enmiendas parciales a un proyecto que fue aprobado en Canarias por el PSOE y Coalición Canaria. En las Islas el texto recibió el voto en contra del PP, mientras que Nueva Canarias (CC) se abstuvo.

Sin embargo, tras el acuerdo entre los ‘populares’ y CC para la investidura de Mariano Rajoy, el PP sí apoyó su toma en consideración en el Pleno el pasado mes de diciembre, donde recabó el rechazo de Ciudadanos y Unidos Podemos, que aún no estaban presentes en el Parlamento canario cuando se redactó.

Este es el segundo intento de reforma que hace el Parlamento Canario, que ya remitió un texto al Congreso hace diez años, pero que no culminó su tramitación por falta de consenso.

Entre otras cosas, la reforma del Estatuto contempla darle más seguridad jurídica al REF al ‘anclarlo’ constitucionalmente, y aclara y refuerza las singularidades canarias, con un estatus fiscal y económico específico y un tratamiento particular en la financiación autonómica y los Presupuestos Generales del Estado (PGE), derivado de los sobrecostes que generan la lejanía y la fragmentación geográfica.

Además, el nuevo Estatuto permitirá al presidente del Gobierno canario disolver el Parlamento y convocar elecciones anticipadas, aparte de que podrá elaborar decretos ley en caso de urgente necesidad.

Asimismo, incluye la reforma del sistema electoral canario con la bajada de los topes electorales --el insular del 30% al 15% y el regional del 6% al 3%-- y la creación de una circunscripción electoral complementaria, mientras que sobre los aforamientos, recoge que solo afectaría a los diputados en aquellos hechos relacionados con su función legislativa.