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El bloqueo y la inestabilidad ponen en riesgo el Estatuto

El bloqueo y la inestabilidad ponen en riesgo el Estatuto

La reforma del Estatuto acumula ya 24 ampliaciones del plazo de enmiendas y continúa bloqueada desde que llegó al Congreso en diciembre de 2016. El retraso y la incertidumbre sobre la duración de legislatura alimentan las dudas sobre las posibilidades de que salga adelante.

Jueves, 1 de enero 1970

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La próxima fecha marcada en el calendario es el 17 de octubre, pero el plazo de enmiendas se sigue ampliando semana tras semana -el reglamento de la Cámara no establece límite de prórrogas- sin que de momento haya visos de que se vaya a desbloquear. Cuando entró a trámite en el Congreso, todas las fuerzas políticas hicieron un llamamiento al consenso para que el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias sea una realidad en esta legislatura. Entre los diputados más optimistas hubo incluso quien vaticinó que podría estar aprobado en junio de este año. Diez meses después de ser tomada en consideración en la Cámara Baja, la propuesta de reforma remitida por el Parlamento canario sigue en el cajón de las iniciativas durmientes.

La inestabilidad política generada a raíz del desafío soberanista de Cataluña y la incertidumbre sobre las consecuencias que el proceso independentista puede tener en legislatura estatal, incluida la posibilidad de un adelanto electoral, engrosan ahora la lista de obstáculos que ponen en solfa la aprobación del Estatuto canario.

En un primer momento el freno vino de las dudas del Gobierno estatal sobre la constitucionalidad de algunas competencias que el texto otorga a la Comunidad Autónoma, lo que obligó a unos meses de reuniones técnicas e informes cruzados para su clarificación jurídica. Más tarde, en abril, llegaron las objeciones iniciales del Ministerio de Hacienda a los términos en los que la propuesta de reforma establece el anclaje del REF, un aspecto que quedó superado en el pacto que el Gobierno canario cerró con Rajoy a cambio del apoyo de CC a los Presupuestos de 2017.

El principal escollo para el consenso sigue siendo en todo caso la reforma del sistema electoral canario, sobre la que cada formación política parte de una posición diferente. El PP, firmante de las últimas peticiones de ampliación, justificó nuevos retrasos a la espera de que la comisión de estudio sobre la reforma electoral constituida en el Parlamento autónomo acabara sus trabajos, sobre cuyas conclusiones los grupos acaban de cerrar un acuerdo de mínimos para rebajar las barreras electorales del 6 al 5% regional y del 30 al 15% insular, y mejorar la proporcionalidad de la Cámara, aunque sin establecer la forma de hacerlo.

Pero con el nuevo curso parlamentario ya bien entrado, la tensión generada por la deriva independentista de la Generalitat monopoliza ahora la acción del Ejecutivo estatal y ha relegado a un segundo plano el resto de la actividad política. Ningún grupo ve previsible que Soraya Sáenz de Santamaría, que en su doble función de vicepresidenta del Gobierno y ministra de Administraciones Territoriales es quien lleva la batuta en la materia, vaya a abrir precisamente ahora una negociación que se anticipa complicada para pactar la reforma del Estatuto canario.

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