Sanidad compró tres veces más caro, obvió la experiencia y eludió justificar sus decisiones

En el momento inicial de la pandemia y el confinamiento (entre marzo y julio de 2020), el Servicio Canario de Salud (SCS) hizo compras de material sanitario, entre ellas de mascarillas, pagando precios que llegaron a triplicar el de otras ofertas que tenía sobre la mesa y que habían sido presentadas por empresas con experiencia en el mundo sanitario.

El ejemplo más palmario fue el de RR7 United, a la que el citado órgano sanitario entregó 4 millones de euros en sendos pagos de 2 millones por un millón de mascarillas del modelo 1860 de la marca 3M. En la semana en que el SCS cerró el contrato, le habían llegado al menos dos ofertas de mascarillas de similar calidad a precios muy inferiores.

El fiscal Anticorrupción de Las Palmas, Javier Ródenas, ya llamó la atención sobre ese hecho en su querella por el llamado caso Mascarillas, y así lo ha corroborado este periódico con otras ofertas que no aparecen en el texto del escrito del citado fiscal.

Precisamente ese incremento desorbitado de precios centra la investigación que abrió la Fiscalía Europea a instancias del ciudadano grancanario Juan Manuel Pérez León, que detalló posibles irregularidades en una veintena de contratos suscritos en el arranque de la pandemia. El aumento de precios respecto a otras ofertas llegó a doblar y triplicar el de las propuestas no aceptadas.

Hasta la fecha, tanto en las alegaciones a la Audiencia de Cuentas como en sede judicial, desde el Servicio Canario de Salud se aferraron al argumento de que la situación excepcional derivada de la pandemia explicaba la premura en los contratos y la ausencia de cautelas.

La Fiscalía Anticorrupción no encuentra excusa en ello, sobre todo al dar por bueno que una empresa de compraventa de coches, como era RR7 United estaba en condiciones de acceder al mercado internacional en esa fase crítica para conseguir mascarillas. Otras compañías que sí tenían esos contactos y cuyo objeto social sí era la importación y distribución de material sanitario vieron en paralelo cómo se rechazaban sus propuestas, con un coste más bajo para las arcas públicos.

La Fiscalía Europea interviene desde el momento en que sospecha que puede haberse comprometido el uso de fondos comunitarios en actividades ilegales.

A continuación se detallan actividades y contratos que la Fiscalía Europea señaló en una diligencia de noviembre de 2022 que estaba examinando, como ya publicó en su día este periódico.

Con sede en Ronda, en Málaga, la Fiscalía Europea señala un contrato de 300.000 mascarillas FFP3 por 1.938.000 euros, con la coletilla de que ese precio podría triplicar el de mercado.

La empresa fue constituida en 2018, aparece registrada como intermediaria del comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco, con Juan David Becerra García como administrador único.

Tiene su sede en la capital grancanaria y su accionista de referencia y administrador es el empresario Anil Partap. Se dedica a la importación y exportación de productos vinculados al sector de servicios.

El contrato al que se refiere la Fiscalía Europea es uno de 50.000 unidades de equipos de protección y 300.000 mascarillas FPP2, el primero por 1,2 millones de euros y el segundo por 857.150 euros. La Fiscalía apunta que habría un sobreprecio del triple.

Tiene sede en la capital grancanaria y se dedica al comercio al por mayor. Se constituyó en el año 2000 y como administradora única aparece Clara Isabel Cabrera Pérez. Su contrato en revisión es de 200.000 batas quirúrgicas, por 1.920.000 euros.

Es la empresa de transporte aéreo que intervino para el vuelo desde Shanghai a Canarias con material sanitario frente a la covid-19. Tiene su sede en Madrid y como administrador aparece Óscar David Trujillo.

One Airways es la compañía que, con apoyo del Cabildo de Tenerife, empezó a operar con vuelos regulares y después chárter con la península y destinos europeos, en una operación con respaldo de empresarios turísticos de Tenerife, entre ellos Jorge Marichal, presidente de la patronal Ashotel.

El contrato en revisión es por importe de 1,1 millones de euros. Se formalizó siendo director del SCS Antonio Olivera, que era viceconsejero de Presidencia y que asumió de manera transitoria aquel puesto en marzo de 2020.

Constituida en 1987 como empresa de distribución de productos médicos, está presente en las dos provincias. Aparece con un contrato de 50.000 test PCR por 795.000 euros. En todo caso, la Audiencia de Cuentas la señaló como la empresa que más facturó en pandemia al SCS. Su CEO es Carlos Sánchez.

Aparece en el escrito de la Fiscalía con un contrato de 62.150 mascarillas KN95/FPP2 por 183.342 euros. Con sede en la capital grancanaria, su administrador es Luis Cruz de Mercadal, que ha negado cualquier tipo de irregularidad, sosteniendo que trajo finalmente material de mayor calidad y a un coste más alto para su empresa.

En su caso, la Fiscalía señaló las operaciones de compra de mascarillas FPP1, por dos millones de euros y también otras contrataciones por 447.059 euros. Con sede en Zaragoza, es la empresa investigada en el llamado caso Koldo.

Con sede en Parets del Vallés, en Barcelona, se constituyó en 1987 y está dedicada al comercio de productos farmacéuticos. Aparece con un contrato de 24 unidades SARS-cov 2 Kit CE-IVD por 2.880.000 euros.

Es la multinacional que en los últimos meses se ha visto inmersa en una grave crisis al desplomarse su cotización bursátil ante los informes que señalan que sus cuentas no reflejan la realidad de la compañía.

Tiene domicilio en Barcelona, se constituyó en 1980 y es una de las grandes corporaciones del negocio sanitario. Aparece en el listado con un contrato de un millón de test Panbio Covid-19 por 1,1 millones de euros.

Con sede en Coslada, Madrid, aparece con un contrato de 4,9 millones de euros. Se constituyó en 1994 y tiene contratos sanitarios con numeras administraciones autonómicas. Está inmersa en una causa por un presunto fraude fiscal en Las Palmas.

En su caso, el contrato que pretende revisar la Fiscalía Europea es uno de dos millones de mascarillas por 600.000 euros.

Aparece en la denuncia y en el documento de la Fiscalía con contrataciones por 321.477 euros y 5,7 millones de euros. Es una empresa radicada en Gran Canaria, con una amplia trayectoria en el sector de las comunicaciones marítimas y contribuyó al traslado de material sanitario a las islas en los meses más críticos de la pandemia.

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