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Francisco Suárez Álamo y Francisco José Fajardo
Las Palmas de Gran Canaria
Lunes, 25 de marzo 2024, 07:28
Además de la operación con RR7 United, hasta la Fiscalía Anticorrupción llegó una denuncia de Juan Manuel Pérez que apuntaba la posibilidad de irregularidades, en concreto prevaricación y malversación, en una veintena de contratos realizados en el inicio de la pandemia por el ... Servicio Canario de Salud, por un montante global de 32 millones de euros.
La Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas entró a fondo en el caso de RR7 y ello derivó en la querella que primero instruyó el Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas y luego la Fiscalía Europea al entender este organismo que se habían utilizado fondos europeos. La propia Fiscalía Europea también recibió una denuncia sobre otras 22 empresas y ese importe total de 32 millones.
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Francisco Suárez Álamo
ACJ S.A. con 50.000 test PCR por 795.000 euros.
Valsons Trader Exportaciones SL, con 50.000 unidades de equipos de protección y 300.000 unidades de mascarillas FFP2 por 1.224.500 euros y 857.150 euros.
Titerro International SL, con 200.000 batas quirúrgicas por 1.920.000 euros.
Sanitary Traders Spain SL, con 62.150 mascarillas KN95/FFP2 por 183.342,50 euros.
Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, con mascarillas FFP1 por 2.095.000 euros y otras contrataciones por 447.059 euros. Esta es la empresa vinculada a la trama de Koldo García.
Grifols Movaco S.A., con 24 unidades SARS-Cov-2 Kit CE-IVD por 2.880.000 euros.
Abbott Rapid Diagnostics Healthcare S.L., con un millón de test Panbio Covid-19 por 1.125.000 euros.
Damco Trading Services S.A., por material sanitario por 4.981.610 euros. Esta compañía está inmersa en una querella de la Fiscalía de Las Palmas por presunto fraude fiscal.
RC Thecnology Limited, por 2.000.000 de mascarillas por 600.000 euros.
One Airways Madrid Transprote de Mercancías, con un contrato de 1.125.000 euros.
Martín e Hijos SL, con 321.477 euros y otras contrataciones por 5.710.000 euros.
La Fiscalía Europea remitió en 2022 un oficio a la Subdirección General de Feder para conocer «si se financiaron con fondos Feder el resto de los contratos respecto de los cuales se decretó el archivo sin denuncia o querella en las diligencias de investigación 9/2022 por parte de la Fiscalía
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