Los retrasos en los decretos de edad obstruyen la protección a los menores
Actualmente hay unas 250 personas pendientes del documento con prueba ósea realizada o con informes que acreditan su mayoría
El complejo laberinto burocrático al que se enfrentan los menores extranjeros no acompañados lleva elevando la tensión en los centros canarios desde el pasado año. La pandemia y la falta de personal habían retrasado la realización de las pruebas óseas necesarias para determinar la edad hasta el punto de que en febrero algo más del 75% de los entonces 2.652 jóvenes tutelados por el Gobierno de Canarias aún no disponía de ella. Cuatro meses después, con ese embudo ya agilizado, el proceso se estanca en otro punto distinto: los decretos de edad.
Hasta aproximadamente la mitad de junio, las islas tutelaban a 2.534 menores, de los que 1.743 siguen pendientes del documento emitido por la Fiscalía, es decir, el 68% de ellos, según la Consejería de Derechos Sociales. De estos, alrededor de 250 personas poseen evidencias que acreditan su mayoría de edad y continúan conviviendo en los centros de menores, lo que no solo genera problemas de convivencia e indefensión en los jóvenes sino que impiden la intervención de las autoridades. A esto se añade, indica la Consejería, dificultades como la imposibilidad de escolarizar a los menores pendientes del decreto de edad o comenzar su regularización administrativa. «Hay incluso situaciones más graves como el de 16 adultos acreditados en un centro de menores a la espera de ser trasladados por la Policía Nacional», señalaba el Gobierno la semana pasada.
En este sentido, el reciente caso de supuestos abusos en el complejo Porto Bello, habilitado excepcionalmente para los menores en Mogán, ha vuelto a poner de manifiesto la necesidad de atajar esta problemática, más allá de la controversia entre instituciones, puesto que el protocolo implica a numerosos agentes.
Las instituciones acordaron en febrero priorizar los trámites de los que presentaban claras evidencias de ser adultos
A los cálculos de la dirección general de Protección a la Infancia sobre los adultos inmigrantes pendientes del decreto se sumarían aquellos que ya han obtenido el documento de la Fiscalía de Extranjería y que ascienden a un total de 304 hasta mayo. Las cifras de certificaciones entre febrero y marzo representan un 138% menos con respecto a los dos meses siguientes, lo que podría evidenciar la mayor agilidad en las pruebas óseas que señala el Gobierno. Una situación que vino tras verse obligado a gestionar con la Fiscalía, la Policía, Sanidad y el Instituto de Medicina Legal una reordenación de las 2.016 pendientes para dar prioridad a 300 casos en los que consideraban que había una evidencia clara de que los migrantes acogidos superaban los 25 años.
En principio, el ritmo marcado por el compromiso del Servicio Canario de la Salud era el de unas cien pruebas semanales entre el Hospital Insular y el Hospital Materno Infantil. Una estimación que la Consejería aceptó como suficientes, descartado la necesidad de acudir a la vía privada aprobada por la Fiscalía ante los retrasos del personal médico, desbordado por la covid. En este sentido, Beatriz Sánchez, fiscal jefe de la provincia de Las Palmas, quiso matizar que Extranjería no realiza las pruebas, solo las ordena. En cualquier caso, coinciden en priorizar el listado de los perfiles más evidentes de adultos para los próximos meses.
Interior niega la presencia de organizaciones de infancia en los procesos de identificación
Una de las vías con las que la Consejería de Derechos Sociales pretendía disminuir el alto porcentaje de la presencia de adultos en los centros de menores era mejorando los procesos de filiación. Así, habían solicitado al Ministerio de Interior la posibilidad de que organizaciones especializadas en infancia estuvieran a pie de muelle colaborando con la Policía Nacional, tal y como se permite en otras comunidades.
La respuesta remitida el pasado mayo, sin embargo, fue rechazada por el ministerio, argumentando que ante la actual situación sanitaria había que mostrarse «prudentes» para garantizar la salud de las personas que pasan por el Centro, así como de los trabajadores y voluntarios que prestan ese servicio.
Por otro lado, Canarias sigue avanzando junto al Ministerio de Derechos Sociales en el protocolo de reparto corresponsable de menores extranjeros no acompañados entre las distintas comunidades autónomas con el objetivo de aliviar la presión de las islas —y en general de los territorios fronterizos—. Hasta ahora, el asunto se trataba de manera solidaria, pero el gran volumen de menores y la escasa capacidad del archipiélago para asumir su tutela han hecho evidente la necesidad de una regularización. En las islas se han derivado poco más de la mitad de los 200 menores acordados con distintas regiones del conjunto peninsular.
