Caso Mascarillas: «Recomendé resolver el contrato, negándome al segundo pago»

En esa comparecencia, la jefa de Contratación explicó que tras el primer pago de dos millones de euros y una vez transcurrido un mes sin que aparecieran las mascarillas, Ana María Pérez las reunió para conocer su opinión sobre una segunda transferencia. En ese encuentro, las dos jefas de servicio recomendaron la resolución del contrato e iniciar «el procedimiento de integro de los dos millones de euros abonados».

La responsable de Contratación fundamentó su opinión en que RR7 era una empresa desconocida en el ámbito del sector sanitario canario, que había transcurrido el mes de plazo que la ley estipula para la entrega de los bienes y agregó un argumento más: «El mercado de las mascarillas se había estabilizado y se podía obtener las mascarillas a través de otros proveedores y con el precio de mercado más ajustado, en lugar de abonar otros dos millones de euros por nada».

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Pese a esas advertencias, Ana María Pérez acabó formalizando el pago de los otros dos millones a RR7. Las mascarillas nunca fueron entregados, puesto que la única partida que llegó fue retenida por Aduanas en el aeropuerto al detectar que eran falsificadas y RR7, al sentirse a su vez estafadas por los intermediarios en la operación, ordenó la destrucción de las mismas e incluso costeó esa operación.

En su querella, admitida a trámite y ya en fase de diligencias previas por el Juzgado de Instrucción número 7 de la capital grancanaria, la Fiscalía hace hincapié precisamente en ese segundo pago de 2 millones pese a las advertencias de órganos internos del Servicio Canario de Salud, así como en el hecho de que, una vez resuelto al contrato, se 'reactivase' con una propuesta de entrega de 1,2 millones de euros de mascarillas, pero de diferente modelo y con un precio que seguía siendo muy superior al del mercado y al de otras ofertas con las que contaba la administración sanitaria.

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Por todo ello, la Fiscalía aprecia indicios de cuatro delitos: prevaricación administrativa y tráfico de influencias en el caso de Conrado Domínguez, director del Servicio Canario de Salud, y Ana María Pérez; y estafa agravada y blanqueo de capitales.

Pese a ser la jefa del Servicio de Contratación del SCS, declaró ante el fiscal Ródenas que su departamento «no llevó» el contrato de RR7: «El órgano que lo tramitó fue directamente Ana María Pérez».

Asimismo, explicó que, tras aquella reunión con la directora general, buscó información en Google sobre RR7, «descubriendo que su objeto social era la compraventa de maquinaria agrícola y no estaba relacionada con el sector sanitario». Así, agregó, se lo trasladó a Ana María Pérez.

En la querella, el fiscal pide la declaración en el juzgado en calidad de testigos de las dos jefas de servicio, solicitud que el juez instructor ha hecho suya.

Fue el pleno de la Audiencia quien acordó dar traslado al Tribunal de Cuentas

En escrito firmado por Pedro Pacheco, presidente de la Audiencia de Cuentas, y remitido a la UDEF de la Policía Judicial, aquel cuenta que el pleno del órgano fiscalizador autonómico quien acordó comunicar al Tribunal de Cuentas los «indicios de responsabilidad contable» detectados en el caso del contrato con RR7. Esa notificación a Madrid derivó en diligencias abiertas por el Tribunal de Cuentas y pendientes de resolver. Esta semana el pleno de la Audiencia acordó no aprobar el preinforme, que mantenía que había esos indicios de responsabilidad contable. El borrador de dictamen no irá por ahora al Parlamento.