Los empleados públicos de la comunidad autónoma se manifestaron ayer en distintas localizaciones como la sede de Presidencia del Gobierno, en la imagen. / ARCADIO SUÁREZ

Primer día de huelga de los interinos con alto seguimiento del personal sanitario

El comité cifra la participación en un 70%, un dato que va en contra de la baja incidencia prevista por la Administración

Ingrid Ortiz Viera
INGRID ORTIZ VIERA Las Palmas de Gran Canaria

El nuevo calendario de protestas de los empleados públicos temporales de la comunidad autónoma comenzó ayer con una alta participación, alrededor del 70%, según apuntó el comité de huelga. La Administración, en cambio, no aportó datos pero mantenía la previsión de una baja incidencia teniendo en cuenta la repercusión del pasado año, que cifró en un 4%.

En lo que sí coinciden es en el alto seguimiento del personal de Derechos Sociales que, entre otras consejerías, es una de las más afectadas por la temporalidad. En concreto, los sindicatos resaltaron la participación del área de Dependencia, donde a pesar de que sus demandas para mejorar el servicio son ya históricas, han denunciado las «nefastas consecuencias» del incremento de la temporalidad durante la presente legislatura.

Precisamente el establecimiento de los servicios mínimos en este departamento fue motivo de conflicto en la negociación con los sindicatos. Mientras que el Ejecutivo planteó mantener a la mitad de la plantilla, el comité se negó alegando que se trataba de una «estrategia para manipular la realidad».

El año pasado, apuntan, cuando se había establecido cinco días de paro, la dirección general no vio necesario establecer servicios mínimos, por lo que no ven coherente dicha cifra cuando la convocatoria se ha limitado a una jornada de paro.

La reducción del nuevo calendario responde, entre otras cuestiones, a la prolongación del conflicto, ya que supone «un gran esfuerzo económico» para los trabajadores. Sin embargo, el comité asegura no haber perdido fuerza en sus reivindicaciones: si bien su lucha se centra ahora en que la Administración cumpla con lo pactado en abril, ve ese acuerdo como un claro ejemplo de la presión ejercida sobre el Gobierno.

EL DATO

  • 51% Es el porcentaje de la plantilla de la Comunidad Autónoma que tiene la categoría de funcionario interino o laboral temporal o eventual. Entre el personal estatutario -que suman sanitarios y personal de gestión y servicios-, la cifra se leva hasta el 65%

Aún así, reconocen que la situación tardará años en solucionarse y partiendo del último registro publicado en el Boletín Estadístico de la Consejería de Administraciones Públicas parece poco factible que Canarias consiga alcanzar los plazos marcados por el Gobierno central. Los datos, correspondientes a julio de 2021, indican que el 51% de la plantilla de la Comunidad Autónoma es temporal, lo que supone más de 34.000 personas. Un porcentaje todavía más dramático en el caso del personal estatutario, que suman tanto los sanitarios como el personal de gestión y servicios, ya que se eleva hasta el 65%.

Además, del total de la estructura del Gobierno, el comité de huelga cifra en alrededor de 4.000 a los afectados directamente por el fraude de ley, aunque reconocen la dificultad de ofrecer unos datos realistas.

De hecho, en el acuerdo con Función Pública se estableció una mesa de trabajo destinada a hacer recuento actualizado de las personas en abuso de temporalidad hasta diciembre de 2020, partiendo de la listas que ya maneja la dirección general de 2014. Tras romperse las relaciones entre ambas partes, esta labor de catálogo sigue paralizada, igual que la del grupo de trabajo jurídico, organizado para buscar fórmulas que atajaran el problema.

La intención del Gobierno central pasa por reducir al 8% la temporalidad, siguiendo las directrices de Bruselas, y para ello se prevé que las administraciones públicas oferten antes del 1 de junio de 2022 las plazas de temporales que están actualmente ocupadas y se finalicen los procesos selectivos antes de 31 de diciembre del año 2024.

En declaraciones a este periódico, el viceconsejero de la dirección general de Administraciones Públicas, Manuel Martínez, afirmó que se ceñirán a esos compromisos, así como a la norma estatal que, a su juicio, presenta los mecanismos para garantiza una solución al conflicto y no intervienen en la negociación.

En cambio, para los sindicatos convocantes, la posición del Gobierno de Canarias es la de «dejadez» y «falsedad», ya que no creen que el proceso de estabilización planteado en Madrid vaya en consonancia con los acuerdos. De ahí que hayan optado por avanzar por la vía judicial.