Lo que Pomares no dijo (y nadie le preguntó)

En el registro del Parlamento de Canarias consta el currículo presentado por Francisco Pomares al ser propuesto por Coalición Canaria (CC) como miembro de la Junta de Control de Radiotelevisión Canaria (RTVC). En ese documento se puede leer lo siguiente sobre el columnista de 'El Día' (Editorial Prensa Ibérica) y colaborador en calidad de autónomo -así lo explicó en sede parlamentaria- de la Cadena Ser: «En el ámbito de la televisión y desde 2001 hasta 2010, fue miembro del Consejo de Administración de la Sociedad Canaria de Televisión Regional, sociedad que fue responsable de la puesta en marcha de la Televisión Canaria y de sus servicios informativos hasta 2007 y desde 2004 hasta 2016 ha participado en los Consejos de Administración de las productoras Mediareport Canarias, Archipiélago Visión y Media News Canarias».

Con ese bagaje, Pomares defendió ante la Comisión de Control de RTVC del Parlamento que conocía bien el medio televisivo y que, desde su experiencia en Socater, era firme defensor de un modelo cien por cien público. Lo que no detalló Pomares, y tampoco parecieron muy interesados en conocerlo los portavoces de los partidos, fue el modelo de televisión que funcionó cuando Socater fue la concesionaria.

En esa comparecencia parlamentaria, Pomares logró el apoyo a su candidatura de todos los partidos salvo Podemos. El pasado viernes este partido pidió retrasar la votación, prevista para el pleno de la semana entrante, al tiempo que propuso que se pueda votar por separado a los candidatos. Dicho partido entiende que Pomares no es idóneo para el cargo y recuerda lo ya publicado por 'Diario de Avisos' y este periódico sobre la presunta falsificación del currículo presentado para ganar la plaza de profesor de la Universidad de La Laguna, así como la queja recibida por la institución por otra presunta falsedad.

Ya que Pomares destacó en su biografía ante el Parlamento su experiencia societaria en materia audiovisual, y ya que en aquella sesión de la Comisión de Control sus señorías no indagaron en esas vivencias, conviene contar la historia tal cual fue. Recordando que Pomares fue accionista y consejero de Socater, una empresa en la que estaban Editorial Prensa Ibérica y el Grupo Prisa (Cadena Ser) como socios. Y ese relato hay que hacerlo con la transparencia de este periódico que el lector tiene entre sus manos, que siempre ha contado a sus lectores que Informaciones Canarias SA, editora de CANARIAS7, es accionista de Videoreport Canarias SA, empresa que ganó el último concurso de prestación de servicios para los informativos de Televisión Canaria. Lo ganó, por cierto, en dos ocasiones: en 2008, en una adjudicación refrendada por los tribunales tras un recurso de la empresa en la que participaba Pomares, y lo volvió a ganar en 2018, como anunció el propio presidente de RTVC y órgano de contratación de Televisión Canaria, Santiago Negrín, que luego dimitió y colocó al canal al borde del cierre.

Cuando se refirió en el currículo a su paso por Socater y cuando en el Parlamento lo puso en valor como prueba de sus conocimientos en materia audiovisual, omitió Pomares que entonces aquella empresa estaba encargada de toda la producción de contenidos, así como de la gestión publicitaria del ente. Lo más relevante, y tampoco lo contó Pomares, como igualmente no lo hacen los grupos de comunicación que entonces disfrutaron del negocio, fue lo que pasó con el pago por la producción de los informativos. El pliego de prescripciones técnicas que rigió en 1998 la licitación y contratación de la ejecución y suministro de producciones y prestaciones complementarias para la programación de Televisión Pública de Canarias decía textualmente en el apartado 1 del punto 11: «Al objeto de que la TVPC pueda ejecutar sus propios espacios de carácter informativo, dentro del porcentaje de producción propia directa asignado y conforme a los principios básicos que determine el Consejo de Administración de RTVC, el adjudicatario deberá proveer a TVPC, SA, sin cargo alguno para ella, de la infraestructura y medios necesarios para la realización de este segmento de programación», lo que implicaba hacer tres espacios informativos diarios, de al menos de 30 minutos de duración cada uno, de carácter regional, con aportación de las delegaciones en las siete islas. Lo único que se reservaba el ente era la figura de los responsables de contenidos, que eran de la plantilla de Televisión Canaria.

Si estaba tan claro en el pliego que Socater tenía que producir los espacios informativos sin coste para el ente, ¿qué sucedió? Pues que cobró por ellos. Lo saben en Socater, lo sabe Pomares, que para eso fue accionista y consejero durante años, y lo saben también en las instancias políticas que entonces lo hicieron posible: gobernaba Coalición Canaria, con Román Rodríguez entonces de presidente. ¿Cómo fue posible? Socater se encontró con que no le cuadraban los números del contrato y presionó al ente con el argumento de que o se revisaba la cuantía del pago y se incluía el coste de los informativos o conducía la tele 'a negro'. De paso, logró tres años más de prestación del servicio.

Nadie cuestiona la legalidad de los acuerdos alcanzados entre Socater y Televisión Canaria;es más, seguro que todo estuvo ajustado a Derecho. Lo cuestionable es que quien estuvo entonces en Socater como consejero y accionista ahora pretenda hacer una lectura parcial de los hechos, omita detalles esenciales y se considere en condiciones de dar lecciones como defensor de un modelo televisivo cien por cien público.

En el siguiente concurso -el primero que ganó Videoreport Canarias- se modificó de entrada el modelo: se sacaron varios lotes, de manera que la Televisión Canaria ya empezaba a asumir que era un motor de la industria audiovisual y quería dar cancha a los creadores en las islas, y eso permitió que se diferenciara la prestación de servicios para informativos de la producción de otros contenidos audiovisuales. También se optó por desvincular la gestión publicitaria de los informativos y los contenidos.

En esa comparecencia parlamentaria, Pomares fue crítico con el hecho de que, pasados los años, Televisión Canaria carezca por completo de medios y haya pagado, según dijo y según ha publicado en varias ocasiones, «mil millones de euros». «Todo lo alquila la tele, todo lo paga, y cuando vencen los contratos, todo lo pierde, y así llevamos trece años», ha dicho. Se le olvida incluir en ese periodo de tiempo los siete años de contrato y otros tres de prórroga de Socater, como también olvida que Televisión Canaria cuenta con una unidad móvil equipada con ocho cadenas de cámara. ¿Y qué hay de la obsolescencia técnica -incluida la de esa unidad móvil- que también menciona Pomares y que tanto preocupa a los portavoces parlamentarios? La clave está precisamente en lo que pasó en 2018, y lo saben muy bien Santiago Negrín, el propio Pomares y el que entonces era presidente del Gobierno de Canarias y ahora secretario general de CC, Fernando Clavijo: el concurso convocado por Negrín y avalado en su convocatoria por el Gobierno de CC iba a poner fin a esa situación con la exigencia de renovación de medios. Fue el concurso al que se presentaron Nuntium -empresa participada por Editorial Prensa Ibérica y Prisa-, Liquid Media (el grupo de Roures) y Videoreport Canarias. Cuando lo gana Videoreport Canarias, Santiago Negrín dimite, lleva a la tele a una situación límite -ni siquiera había resuelto la continuidad de la señal- y el Gobierno decide cambiar las reglas del juego y traspasar al personal de Videoreport al ámbito público. Desde entonces, la provisionalidad es la tónica dominante: no se ha resuelto qué pasó con un concurso con un ganador anunciado y que sigue esperando una notificación al respecto; no se ha podido renovar los equipos precisamente por lo mismo, y la plantilla -a la que se añadió al personal de las islas no capitalinas que trabajaba para terceras empresas- se ha encontrado con que la Audiencia de Cuentas ya ha advertido de que la decisión adoptada por Clavijo y refrendada por todos los partidos es «un fraude de ley».

Ese es el cuadro completo del paso de Francisco Pomares por Socater y ayuda a entender lo que dijo hace años, cuando arremetió sistemáticamente contra las consejeras que entonces se fueron de RTVC por las influencias externas que condicionaban las decisiones de Negrín: María José Bravo de Laguna y Marian Álvarez, la primera propuesta por el PP y la segunda por CC. Fueron en su día blanco de las críticas de Pomares, como también lo fue María Lorenzo, designada por el PSOE.

Entonces apenas nadie cuestionó que Pomares, que había estado en Socater y que cobraba como «autónomo» -así se definió en el Parlamento- de Editorial Prensa Ibérica y la Ser, utilizara sus espacio mediáticos para arremeter contra ellas.

Ahora, que está a punto de entrar en una Junta de Control con competencias similares a las que tuvo el Consejo Rector de RTVC, la crítica a su gestión debería ser igualmente legítima. Sin necesidad de ver en esa fiscalización, o en este recordatorio, presiones externas, extrañas componendas o un juego de intereses. Porque los intereses son legítimos cuando se defienden en buena lid, cuando se acude a un concurso y se gana o se pierde. Si quien pierde considera que no es ajustado a derecho, como pensó Socater al ganar Videoreport Canarias, pues se acude a la justicia y cuando esta refrenda la validez de la adjudicación, no hay más que decir. Cuando se gana la licitación y luego alguien decide dejar la decisión en el 'limbo', pues también es legítimo preguntar qué pasó, con el añadido de que las consecuencias de esa decisión (obsolescencia técnica, personal en «fraude de ley», etcétera) son atribuibles al licitador y a quien le dio soporte político (el Gobierno de Clavijo), y en ningún caso al adjudicatario, que no marca el rumbo de la tele.

Completado el cuadro, los partidos que dieron su visto bueno a la inclusión de Pomares en la Junta de Control ya saben lo que hay. Seguramente algunos lo sabían y puede que alguno no. Siempre hay que conceder el beneficio de la duda. Cualquiera que viera la sesión de la Comisión de Control pudo llegar a la conclusión de que lo que primó fue que cada partido pusiera a su candidato y ninguno cuestionase al de los demás. En todo caso, ya que entonces no quisieron preguntarle a Pomares por lo que pasó entre Socater, el ente y el Gobierno, aquí están las respuestas. Otras se encuentran en los registros de cuentas y las declaraciones de impuestos.

Por todo ello, ojalá se haga realidad lo que planteó Francisco Pomares ante la comisión parlamentaria: una auditoría de las contrataciones. Pero a fecha de hoy, de ayer, anteayer... y de los años en que pasó por allí.

Francisco Suárez Álamo / Director de CANARIAS7 y consejero de Videoreport Canarias, SA, empresa participada por Informaciones Canarias SA, editora del periódico