Pérez pide no archivar y culpa a Clavijo de consolidar una prevaricación «casi infinita»

grupo de gobierno del Ayuntamiento de La Laguna y denunciante del caso Reparos, elevó el pasado día 5 al Juzgado de Instrucción número 4 de La Laguna un escrito en el que se opone a la petición de sobreseimiento libre y archivo de las diligencias previas planteada a finales de febrero por la defensa de Fernando Clavijo, exalcalde lagunero, expresidente del Gobierno y en la actualidad senador autonómico.

Pérez señala en su escrito que el caso Reparos revela una práctica continuada por parte del Ayuntamiento de lagunero bajo el mandato de Coalición Canaria y en particular de Fernando Clavijo, consistente en levantar reparos puestos por la Intervención a pesar de no fundamentar esa decisión y del año al consistorio. Asimismo, Pérez atribuye a Clavijo una estrategia orientada a dar la impresión de que no había otra solución en aras del bien público que levantar esos reparos.

Según Pérez, el equipo jurídico que defiende a Clavijo «despliega toda una extenuante 'argumentación', auténtica reinterpretación del ordenamiento administrativo para llegar a sus particulares conclusiones penales, como si aquí estuviéramos analizando un único Decreto, como si se tratara de una actuación en un supuesto excepcional y de emergencia, o como si estuviéramos examinando una figura delictiva desde un punto de vista meramente conceptual. Por el contrario, la luna que la representación del Sr. Clavijo quiere impedirnos contemplar es la de una práctica reiteradísima, casi hasta el infinito de 244 Decretos dictados en materia de gestión de servicios públicos municipales por parte de empresas privadas desde 2006 hasta mediados de 2019, que es el período que esta parte ha examinado, comprometiendo y pagando ilegalmente 102.475.305,36 € de dinero público».

Agrega Santiago Pérez que en el Ayuntamiento de La Laguna «el Sr. Clavijo Batlle, su antecesora (Ana Oramas) y su sucesor, el Sr. Díaz Domínguez instauraron una práctica sistémica, plenamente institucionalizada, al menos entre los años 2006-2019, que consistió efectivamente en la sustitución de la voluntad de la Ley y de los principios constitucionales (103 CE), por su propia voluntad 'erigida en fuente de normatividad de manera consciente' (STS de 12 de diciembre de 2008). Es a la vista de esta práctica institucionalizada, como deben ser examinados todos y cada uno de los actos administrativos constitutivos, indiciariamente y como mínimo, de una prevaricación continuada, casi 'infinita'».

«Estamos hablando», prosigue el escrito al que ha tenido acceso este periódico, «de contratos para la gestión de la mayor parte de los servicios de competencia municipal -al margen de las disquisiciones de si esenciales, mínimos obligatorios…, con los que la defensa del Sr. Clavijo nos deleita- otorgados a determinadas empresas sin la tramitación y resolución de los correspondientes concursos». Prosigue el denunciante subrayando que «esta práctica fraudulenta ha ido experimentando innovaciones, desde luego, todas en el terreno de la ilegalidad. Primero, contrataciones verbales que ni siquiera eran sometidas a la fiscalización previa de Intervención: termina el contrato, se conviene verbalmente con la empresa la continuidad de la prestación y se fija el precio, incluyendo frecuentemente modificaciones al alza, continuando la relación contractual entre la Administración y la empresa (...) Más adelante, la práctica se fue enriqueciendo mediante prórrogas con efectos retroactivos de contratos ya vencidos, esas supuestas prórrogas cuya licitud despacha in ictu oculi la defensa del Sr. Clavijo con el 'inapelable' argumento de que no lesionaban derechos ni intereses legítimos de otras empresas, como una mera cuestión de fe Finalmente se completó la panoplia fraudulenta con las 'autorizaciones de continuidad', dictadas con fecha cierta 'a menos de que se resolviera con antelación' el correspondiente concurso, lo que nunca ocurría y daba pie, en buen número de supuestos, a una segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta autorizaciones de continuidad».

En opinión de Santiago Pérez, la defensa de Fernando Clavijo «pretende esgrimir, sin cortarse un pelo, una especie de causas de justificación de la prevaricación continuada». Para el concejal lagunero, el escrito presentado por el equipo jurídico del exalcalde y expresidente refleja «un evidente desprecio intelectual de los demás, tilda el fundamento de la denuncia en torno al que giran las sucesivas denuncias de 'razonamiento circular', cuando lo que es verdaderamente circular, pero de un círculo de diámetro muy reducido, es el exordio con el que la defensa quiere sustentar la petición de sobreseimiento'.

«La defensa del Sr. Clavijo», agrega, «oculta la de evidencia de que, como hemos acreditado, la práctica prevaricadora generalizada que estamos examinando, que arranca -hasta donde hemos podido comprobar- como mínimo desde 2006, estaba ya prácticamente institucionalizada desde mucho antes de la referida 'congelación de la tasa de reposición' (2011) y de que entraran en vigor todas esas normas traídas del ronzal en el escrito de solicitud de archivo y sobreseimiento». «Por tanto, mal pueden dar cobertura como excusas a esa ingente práctica ilegal, como la defensa del Sr. Clavijo pretende balbucear en su escrito, por no hablar, de que muchos de los actos administrativos objeto de esta investigación, fueron dictados por el propio Sr. Clavijo con antelación a la vigencia de dichas normas».