El responsable de CEAR en Canarias, Juan Carlos Lorenzo. / cober

«Lo peor en la gestión de la inmigración ha sido el desorden del Gobierno»

La Comisión de Ayuda al Refugiado echa de menos determinación y liderazgo para afrontar este fenómeno y defiende una actuación integralJuan Carlos Lorenzo Coordinador de Cear Canarias

B. HERNÁNDEZ Las Palmas de Gran Canaria

¿Tras la buena noticia del cierre del muelle de Arguineguín, le preocupa que se reproduzcan las condiciones en los campamentos que están instalando en cuarteles, con el agravante de que no están a la vista?

-Nosotros vemos como una buena noticia el cierre de Arguineguín después de meses en un contexto de agujero negro respecto a la protección de los derechos. Las dimensiones del número de personas acogidas allí era de tal calibre, que el respeto a la dignidad o derechos básicos estaban totalmente cuestionados y esa situación genera efectos perniciosos, porque no solo se trata de las condiciones materiales, que eran deplorables e inadmisibles, sino de los derechos. Es una manera de gestionar cuantitativamente la realidad sin humanizarla. De todas maneras, que ya no exista Arguineguín es una gran noticia y un gran avance, pero no lo celebramos como una victoria. Ese campamento no tuvo que haber existido jamás como lugar de acogida vulnerando derechos. Nos preocupa que se puedan reproducir las condiciones en las instalaciones militares y que se repitan situaciones en las que la dignidad, la salubridad, la higiene y la acogida digna no se respeten.

-¿Qué le parece ese sistema de acogida?

LAS FRASESSEGURIDAD«El efecto llamada es la excusa para una política centrada en la seguridad y no en derechos humanos»DIFERENCIAS CON 2006«Una de las grandes diferencias con la crisis de 2006 es que hubo mayor determinación y liderazgo de los responsables públicos, intentando desarrollar unidad de acción en la gestión migratoria»

-Se va a desarrollar en carpas, en tiendas de campaña y por tanto la provisionalidad ya está en los propios términos. ¿Qué acogida vamos a poder procurarles? ¿En qué tiempo se traduce? Todos los indicios que se están dando reflejan una visión muy reduccionista de lo que debe ser una política migratoria integral. Hablamos de una acogida frágil y provisional y una política de retorno que no sabemos cómo se va a desarrollar. La diplomacia de retorno que se está llevando a cabo en Mauritania, Senegal o Marruecos intenta ganar tiempo para ver cómo se pueden protocolizar esos retornos de manera ágil y efectiva desde el punto de vista de Interior.

-¿Una respuesta simple a una situación compleja?

-Es una ecuación muy simple: para evitar los flujos migratorios en las actuales dimensiones hacia Canarias, la solución es la política de devolución a los países de origen. Es demasiado simple porque la realidad migratoria es mucho más poliédrica. Esa visión de fortificación de fronteras, de la Europa fortaleza, quiere emitir el mensaje de «usted no ha llegado a Europa, sino a unas islas y de aquí no va a pasar». Esto se está reproduciendo en los últimos años y lo que predomina en el discurso político es cuanto más lejos mejor y obstáculos para llegar a un país seguro.

-¿Los traslados son necesarios?

-La política migratoria no es de términos absolutos. Desde CEAR contemplamos medidas para afrontar la realidad migratoria y una de ellas es la derivación de manera regular, periódica y estable para evitar la sobreocupación. Apelamos a la solidaridad territorial que han manifestado más de una comunidad autónoma y entendemos además que se deben establecer vías legales y seguras que eviten que todas estas personas se jueguen la vida en el mar y se permita una política de visados más flexibles. También contemplamos medidas que van desde la identificación, registro, asistencia letrada y asistencia sanitaria; acceso al procedimiento de asilo; derivación de personas vulnerables o acogida humanitaria en estructuras estables que no pretendan retener sin alternativas. Asimismo, es imprescindible reformar la ley de extranjera y que se pueda acceder a los permisos de residencia y al mercado laboral español en condiciones no dramáticas como las que estamos viendo cada día.

-¿Los traslados conllevan un efecto llamada, como mantiene el Gobierno?

- Es un mantra que se repite como elemento que inspira la política migratoria desde hace mucho tiempo. En Cear creemos que no hay una base cierta para fundamentar ese efecto llamada. Nosotros hablamos de efecto huida, falto de horizonte vital, efecto empobrecimiento, efecto persecución... El efecto llamada es la excusa para desarrollar una vertiente de seguridad y no de derechos humanos. En el caso canario, se está justificando para retener a personas en un territorio insular y ultraperiférico para ganar tiempo y ver si la diplomacia de retorno surte efecto.

-¿Qué ve peor, que el Gobierno de España haya llegado tarde o que haya llegado mal, con una propuesta de 7.000 plazas en tiendas de campaña?

-No sabría elegir si es peor llegar tarde o mal, pero para nosotros lo peor ha sido el desorden del Gobierno. No se ha establecido una coordinación adecuada entre administraciones para desarrollar medidas efectivas; por desorden se entiende la falta de determinación para tomar decisiones con serenidad y agilidad; el desorden también es no saber cuáles son las medidas adecuadas p tener una mirada larga y no reduccionista de dimensionar, hasta no se sabe cuando, el número de plazas de acogida en Canarias. El desorden es lo peor, porque además trae consigo que se precaricen y fragilicen los derechos.

-¿Piensa que la estancia en los campamentos se va a alargar?

-Cuando escuchamos la presentación del Plan Canarias, hubo un momento que nos pareció interesante la intención de poner orden y ver como se dimensiona desde el punto de vista operativo la acogida humanitaria de emergencia. Pero solo con eso no se supera la deficiente gestión migratoria. Hay otros elementos que deben abordarse, y los traslados son un elemento vital porque permite el flujo del proceso migratorio. Si hablamos de una relación estática, existe un alto riesgo de que los colapsos estructurales se repitan, que es lo que hemos visto.

-¿Se equivoca Europa al priorizar el control de las fronteras?

-Está en negociación el Pacto

Europeo de Migración y Asilo y el borrador destaca tres elementos: prioridad a las políticas de retorno, intervención mínima en materia de asilo y continuar vinculando las políticas de cooperación al desarrollo al control de los flujos migratorios. Pero la cooperación debe venir muy ligada a los índices de desarrollo humano, no a si se puede controlar la inmigración que sale de sus costas y reducir esa relación a la cooperación policial. Eso es pervertir la ayuda al desarrollo. Si se compara la inversión de Interior y seguridad con la que se hace en acogida humanitaria o de inclusión, la diferencia es abismal. Es el negocio de la seguridad.

-Esta semana se han llevado a cabo manifestaciones contra la «invasión» de inmigrantes en la que participan partidos de ultraderecha. ¿Como se contrarresta esa situación, sobre todo con las condiciones económicas y sociales que viven las islas?

-Los mensajes excluyentes, racistas y aporofóbicos calan muy rápido, porque conectan de una manera muy directa con la fragilidad del bienestar que están viviendo muchas personas en el país y en Canarias, donde tenemos altas tasas de pobreza y exclusión. Estos mensajes pretenden colocar en competencia al último con el penúltimo, se alimenta de la fragilidad humana y es difícil de romper, porque se compra rápido. La gente tiene miedo y prefiere estar segura antes que ejercer derechos. Combatirlo no es nada fácil, pero hay que empezar por cambiar las narrativas migratorias. Cuando hablamos de inmigración y solo hablamos de números y porcentajes, no estamos viendo personas. Cuando hablamos de personas con rostro, con nombre y apellidos, expectativas, sueños... en esos casos se puede generar empatía y cambiar los mensajes.

-La gestión de las administraciones en muchos casos tampoco ayuda

-Ya no se trata solo de discursos negligentes, incoherentes y populistas, sino de qué tipo de respuesta se da a determinadas realidades. Si en la gestión de este fenómeno no se es ágil, determinado, y no se ejerce la capacidad de liderazgo en beneficio de los asuntos de todos, hará que la gente lo viva con recelo e incertidumbre. Todos somos responsables de mandar un mensaje mucho más constructivo y las administraciones públicas lo primero. Cuando escuchamos que las administraciones públicas actúan de manera individual, no coordinada, no con la unidad de acción debida, hacen un flaco favor a la posibilidad de entender el fenómeno migratorio de una manera más constructiva y se alimentan los mensajes de rechazo, ponemos en riesgo la cohesión social. Porque si nos preocupamos de una vulnerabilidad concreta, como son las migraciones, y no visibilizamos con la intensidad debida realidades de la población autóctona, estamos separando situaciones que son muy similares. No se deben distinguir entre personas vulnerables. La gestión migratoria no puede generar otras formas de exclusión.

-¿Qué diferencias ve entre la gestión de la inmigración que se hizo en 2006 y la de 2020?

-En 2006, los recursos de acogida humanitaria de emergencia se pusieron en marcha con mayor celeridad. Hubo un liderazgo político mucho más patente que hizo que se tomaran las decisiones con mayor determinación. En 2006 se creó el programa de atención humanitaria para dar respuesta a la situación de vulnerabilidad de las personas que llegaban por costa y además contemplaba como medida el traslado a recursos humanitarios a la península. Esa es la gran diferencia. Hoy sigue vigente la acogida humanitaria pero el segundo elemento, que es igual de importante, no se mantiene.

-¿Cree que el gran número de llegadas y la falta de espacio justifica lo que hemos visto en estos meses?

-La gestión de la inmigración es muy compleja, sobre todo con la emergencia sanitaria, pero no hay nada que justifique la vulneración de derechos. La política migratoria no se puede convertir en la política de un ministerio, sobre todo de retorno y retenciones. Debe ser una política de estado que se trabaje de manera transversal por el Gobierno, y eso implica que un gran pacto en política migratoria en un estado que como frontera sur, recibe flujos migratorios de manera permanente. La política migratoria debe trascender de la disputa política, partidista o entre administraciones para ser de unidad de acción, de coordinación y determinación.