«Pedimos un fondo que nos compense, venga de donde venga»

La alcaldesa de Candelaria (PSOE) está al frente del municipalismo canario en un tiempo complicado. La falta de ingresos se une al aumento del gasto para dar respuesta no sólo a la emergencia social, sino a los protocolos que establece la nueva normalidad. Entiende que, como cotitulares del REF, los ayuntamientos deben estar presentes en las negociaciones para equilibrar sus pérdidas.

B. Hernández
B. HERNÁNDEZ

— ¿Los alcaldes tienen la impresión de que lo peor aún está por llegar?

— La verdad es que todos hemos afrontado una situación bastante complicada con el estado de alarma, con una gestión marcada por la incertidumbre y un escenario nuevo. Creo que hemos hecho un gran esfuerzo en momentos de gran dificultad, pero lo hemos afrontado con mucha valentía y responsabilidad y alentando a que todo el mundo cumpliera con las normas para salir cuanto antes de esta situación. Ahora mismo tenemos la sensación de incertidumbre, porque si bien vamos avanzando hacia la solución -o por lo menos el control de la emergencia sanitaria con todas las garantías-, la financiación de nuestros presupuestos ante los gastos que estamos afrontando es muy preocupante. Desde los ayuntamientos seguimos haciendo frente a la emergencia social, que es nuestra competencia principal y hemos atendido de manera prioritaria, pero los gastos se siguen incrementando y los ingresos han disminuido, sobre todo los que proceden del Bloque de Financiación Canario.

— ¿Y qué soluciones ven?

— Pues esperamos que se ponga fecha a la comisión bilateral Canarias-Estado y que podamos participar los alcaldes desde la Fecam para intentar que se articule ese fondo de compensación para equilibrar esta caída. Este asunto nos preocupa, porque si bien hemos pasado ya la mitad del año, estamos intentando atender todos los escenarios pero la situación se está tornando bastante crítica. Si no hay una solución -que entendemos que debe ser una flexibilización de la ley de estabilidad presupuestaria que nos permita no entrar en déficit-, vamos a ir a una situación muy complicada no sólo este año sino el próximo. Porque creemos que cuando se ejecuten las liquidaciones del presupuesto, casi con total seguridad, si no se incrementan los ingresos, vamos a incurrir en déficit y las liquidaciones van a ser negativas.

— ¿Y eso les puede llevar a planes de ajuste si no se flexibiliza la ley?

— Es lo que nos preocupa, que estaremos abocados a la aplicación de la ley y, si no hay flexibilización, entraremos en planes de ajuste o indisponibilidades de crédito de los presupuestos, según la situación de cada ayuntamiento. Esta situación nos produce desasosiego porque no vemos fórmulas para salvarla. Si no se flexibiliza la ley de tal manera que se nos permite el uso de superávit y los remanentes sin que compute en la regla de gasto o no hay fondos extraordinarios para paliar la caída de ingresos, los servicios fundamentales se pueden ver seriamente comprometidos. Estamos luchando para encontrar una solución en el plazo más corto posible.

— ¿Los municipios se están encontrando con problemas de liquidez?

— La situación económica de las corporaciones es muy variada. Hay alcaldes que ya nos comentan que en septiembre es probable que tengan problemas de liquidez, otros señalan que pueden aguantar hasta final de año y otros que dicen que si no se solucionan las cosas en este ejercicio, empezarán 2021 con serios problemas. Hay una negociación entre Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) para analizar los fondos extraordinarios que contribuyan a paliar la caída de ingresos y encaminada a que se flexibilice la ley de estabilidad presupuestaria y que se elimine el criterio de que la regla de gasto y el techo de gasto condicionen los gastos. Si no, incurriremos en un déficit importante, que no está permitido. Y queremos hacer ver la situación que tenemos. En la administración central hay margen. En la administración autonómica hay margen. Pero no hay para los ayuntamientos. Es lo que reclamamos, porque estamos en primera línea en todo momento. Estamos en contacto con el presidente autonómico, Ángel Víctor Torres, para poder estar presentes en la reunión de la comisión bilateral porque entendemos que los ayuntamientos debemos participar en las reuniones en las que se aborde el hecho diferencial canario, la singularidad del REF, que en este momento deba ser atendido y compensado. Esa es la lucha que tenemos: o encontramos soluciones al más corto plazo posible o los ayuntamientos tendrán, pasado el verano, una situación muy crítica.

— ¿Algún ayuntamiento se ha planteado hacer ERTE?

— No, porque hay una prohibición legal. Algunos compañeros lo plantearon durante el estado de alarma porque, por ejemplo, las escuelas infantiles estaban cerradas y el servicio no se estaba prestando, pero hicimos una consulta al Gobierno de Canarias y la normativa no permite utilizar estos instrumentos en las administraciones públicas. Legalmente solo están habilitados los ERTE para el sector privado.

— ¿Y cree que se van a producir rebajas salariales a los empleados públicos?

— No lo sabemos. Algunos ayuntamientos sí lo trataron pero es un asunto estructural que en todo caso debe ser regularizado por el Estado. Entendemos que si arbitra un mecanismo al respecto, se aplicará a todos los empleados públicos por igual. De todas formas, no tenemos noticia al respecto, aunque estamos expectantes con la reunión de la cumbre europea y en cómo avanza la negociación porque de su resultado dependerán muchas de medidas que afecten a las entidades locales. Insisto en que hasta ahora ha habido gestos con la comunidad autónoma y esperamos esos mismos gestos para los ayuntamientos con cierta celeridad, porque el tiempo se va agotando y lo necesitamos.

— Ha habido gestos también con los cabildos, que han iniciado conversaciones con Hacienda. ¿Esperaban los alcaldes estar en esos encuentros, que se incluyera a todas las corporaciones locales del archipiélago?

— Aunque la Femp, que representa a todas las corporaciones locales, se reúne con Hacienda para hablar de superávit, remanentes o estabilidad presupuestaria, nosotros siempre hemos mantenido que también debíamos reunirnos como Fecam. Y si hay una reunión con los cabildos -que conocimos por la prensa- para hablar de estos asuntos, consideramos que también deberíamos estar en esa reunión. De hecho, seguimos realizando gestiones para, como Federación de Municipios, estar presentes en la comisión bilateral con el Estado, o a través de otro mecanismo que quiera fijar el Ministerio, para abordar la singularidad del REF canario y la compensación por la merma de sus recursos. Ahí debemos estar. Lo hemos solicitado dos veces pero no hemos recibido respuesta.

— No les hizo ninguna gracia esa vía directa abierta por Madrid solo con los cabildos.

— Bueno, digamos que nos hubiera gustado estar en esa reunión aunque fuera preparatoria, porque cuando hablamos de la singularidad canaria, de los tributos vinculados al REF, no podemos olvidar que los ayuntamientos somos cotitulares. Recibimos un 40% del porcentaje que corresponde a las corporaciones locales. Es decir, que en cualquier encuentro en el que se aborde la singularidad canaria, y el Bloque Canario de Financiación, es legítimo que los ayuntamientos estemos porque, insisto, somos cotitulares. Obviamente respetando la autonomía de las administraciones, pero sí expresando que debemos estar en esa negociación. Seguiremos luchando por negociar y que los fondos que se puedan establecer se materialicen cuanto antes para los municipios canarios.

— ¿Entre esos mecanismos ustedes plantean también recurrir al endeudamiento o si les permiten utilizar el superávit y los remanentes tienen recursos para salvar su situación económica?

— El Estado permite utilizar un 20% de superávit para gasto social y hace pocos días hubo una modificación en la normativa que también permite otro porcentaje para incentivar la compra de vehículos ligada al compromiso medioambiental. En cuanto a los remanentes, también se pueden disponer si cumples algunos criterios. El problema realmente está en que si se siguen aumentando los gastos pero no los ingresos, se incumple el techo de gasto y la ley de estabilidad presupuestaria. Ese es el problema. Para nosotros lo importante es que el uso del superávit y los remanentes no nos computen como regla de gasto porque si no, incumplimos la ley. Le va a pasar igual a todas las administraciones locales porque la caída de ingresos del Bloque Canario ha sido del 54%, es decir, que en el mes de julio, practicamente ya hemos ingresado todos los fondos que nos correspondían este año.

— También han visto reducido los ingresos por tasas municipales.

— Exactamente. Como medida de apoyo a la ciudadanía durante la crisis sanitaria, también se ha aplazado el pago de los tributos y hasta final de año o principios del siguiente no vamos a tener datos de esas liquidaciones y del estado de ingresos y gastos. De esta manera, si te endeudas y no ingresas, la situación sigue siendo la misma. Por eso, para nosotros la solución es que se flexibilice la ley de estabilidad presupuestaria, ese es el gran hito que esperamos que se pueda cumplir, porque si no tenemos acceso a financiación, lo tenemos complicado para mantener servicios fundamentales. De otro modo, tendremos que incurrir en déficit que, de momento, no se nos permite.

— No parece fácil encajar todas esas piezas.

— Es que hay ayuntamientos que ya en el primer trimestre habían incumplido la regla de gasto porque se pararon todos lo ingresos que recibían.

— ¿Cuántos ayuntamientos hay en esa situación?

— El número exacto no lo sé, pero la mayoría está incumpliendo ya, Con nuestro presupuesto hemos tenido que hacer frente no solo a los gastos comprometidos, sino a los sobrevenidos por la covid y eso nunca había ocurrido. Si a ello sumanos que no hay ingresos, pues la situación lógica es el déficit.

— ¿Tienen algún compromiso del Gobierno de Canarias de compensarles por la perdida de ingresos?

— Hemos tenido reuniones con el presidente, Ángel Víctor Torres, y se comprometió con nosotros a que si no se conseguía ese fondo de compensación extraordinario para el decremento del Bloque Canario, la comunidad nos compensaría esa pérdida si no hace el Estado. Lo que demandamos es un fondo de compensación venga de donde venga. Si es del Estado, estupendo, si es del Gobierno de Canarias, estupendo también, porque los ayuntamientos no tenemos herramientas para obtener los fondos que nos faltan. Por eso, queremos negociar con quien sí tiene esos mecanismos para poder afrontar los servicios municipales básicos, ni siquiera hablamos de inversión, que también es importante.

— ¿Están negociando otros fondos con el Ejecutivo regional?

— Le hemos pedido que se mantengan los recursos que nos llegan por convenios y protocolos con la Fecam y distintos ayuntamientos. Hemos firmado el convenio de pobreza pendiente de 2019 (12 millones) y está llegando la financiación a los ayuntamientos. También estamos intentando cerrar un protocolo de Infancia y Familia, Agricultura, etc. De los 500-600 millones que Canarias prevé recibir del fondo no reembolsable del Estado, entre 90 y 94 millones serán para el ámbito de Educación. El Gobierno nos dijo en su momento que si había fondos del Estado vinculados a competencias municipales, se compartirían. Por tanto, esperamos que se produzca ese reparto.