Un paso más para integrar a los jóvenes

Los menores extranjeros no acompañados son las víctimas más vulnerables del complejo fenómeno migratorio: la presión en los centros canarios, los retrasos en las pruebas de determinación de la edad y la falta de opciones para adaptarse a la vida adulta ha elevado los riesgos de discriminación, pobreza y exclusión social. En este contexto, la modificación del reglamento de Extranjería ha sido celebrada especialmente en el Archipiélago -donde la situación se ha recrudecido en los últimos dos años a causa del repunte- a pesar de que no supone una solución definitiva.

La propuesta del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, llega con retraso después de un reñido pulso con el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien se oponía a la iniciativa ante la previsión de un posible 'efecto llamada' que tanto Escrivá como diversas ONG se han encargado de desmentir. Lo que busca el ministro es simplificar los procedimientos administrativos para regularizar a los jóvenes, de manera que lleguen a la adultez con la documentación necesaria para facilitarles el acceso al mercado de trabajo.

En concreto, la reforma adelanta los plazos marcados para el comienzo de los trámites. Si bien es competencia del Gobierno regional asumir la tutela de los menores y proporcionarles documentación, las oficinas de Extranjería podían demorarse hasta nueve meses, lo que provocaba que muchos de los menores que entraban en el límite de los 17 años llegaran a la mayoría sin permisos. Ahora ese plazo se reduce a seis meses, aunque en un primer borrador Migraciones apostaba por 15 días, pero Interior consideraba inviable comprobar la identidad de los jóvenes en tan poco tiempo.

Una vez obtenida la residencia -que no exime al menor de ser deportado en caso de que las autoridades competentes así lo estimen- los permisos debían renovarse anualmente, mientras que la reforma amplía la vigencia de la autorización inicial a dos años y el de las renovaciones a tres, lo que permitirá aliviar la carga de trabajo de la Administración.

Por otro lado, la residencia no permitía a los mayores de 16 años acceder al mercado laboral, como sí ocurre con los nacionales, lo que impedía que jóvenes que participaban en programas de formación pudieran ser contratados por las empresas. Ya la Secretaría de Estado de Migraciones había abordado el tema en 2020 con una instrucción para facilitar los permisos de trabajo, que ahora recoge la normativa de Extranjería.

Sin embargo, cuando estos alcanzaban la mayoría debían cumplir una serie de requisitos económicos imposibles: acreditar un contrato de mínimo un año con ingresos mensuales de 450 euros en el momento inicial y de 2.500 euros a partir de la segunda renovación. Con la modificación, el menor puede hacer extensible su permiso de trabajo para mayores de 16 años y solo tendrá que acreditar ingresos de 490 euros, ya que se toma como referencia el Ingreso Mínimo Vital. También será computable el dinero que perciba por parte de entidades o ayudas.

A corto plazo, estas medidas beneficiarán a 8.000 menores migrantes de toda España y a alrededor de 7.000 extutelados de entre 18 y 23 años que podrían acogerse a la norma con carácter retroactivo, según el cálculo de Migraciones. A pesar de que la Consejería de Derechos Sociales asegura que es difícil dar cifras a nivel regional, sí estiman una gran repercusión en Canarias, teniendo en cuenta que las islas acogen un gran volumen de menores y jóvenes extranjeros.

Precisamente, la transición hacia la vida adulta es una de las asignaturas pendientes de la comunidad autónoma. Actualmente el Gobierno subvenciona parte de programas encaminados a la consecución de su autonomía e inclusión laboral como Súmate, +Oportunidades o Emancípate. En este último han atendido un total de 135 extranjeros desde que comenzó su andadura en 2018, de los que 40 no han conseguido ningún tipo de documentación, 64 han obtenido el permiso de residencia y 31 el de residencia y trabajo. Actualmente, atienden a 56 jóvenes extranjeros extutelados de entre 17 años y medio y 23 en colaboración con centros de menores, de adultos y personas ya independizadas. También se incluyen jóvenes alojados en dos pisos para adultos que gestiona Mensajeros por la Paz dentro del programa: Tagoror, situado en Tenerife y Brezos, abierto recientemente en Gran Canaria con financiación propia. Un proyecto que pretenden ampliar en la medida en que consigan aumentar sus recursos.

Su principal objetivo es guiarles hacia la vida adulta asesorados por un equipo multidisciplinar con trabajadores sociales, orientadores laborales y voluntarios de otras asociaciones. «La situación es complicada, en general, porque ya existen retrasos desde el momento de la identificación que tiene que hacer el consulado», explica Estefanía García, coordinadora del programa. «No es lo mismo gestionarlo con el de Marruecos, cuya sede está en las islas, que con el de Senegal que está en Madrid, o el de Mali, que no tiene lugar fijo». Además, dichos trámites implican costes que, al cumplir la mayoría de edad, ya no son sufragados por la comunidad y, unido a la imposibilidad de conseguir ingresos propios, supone una nueva traba.

La irregularidad de los jóvenes dificulta, además, la formación, ya que no pueden acceder a recursos como el Servicio Canario de Empleo, por ejemplo. Es por ello que costean de forma privada algunos talleres, limitados al presupuesto que manejan, en su empeño por conseguir la inserción socio-laboral de los 200 de chicos y chicas con los que trabajan, tanto nacionales como extranjeros. La mayoría de ellos se relacionan con el sector servicios (hostelería y supermercados) y el sector primario. «Tampoco hay que olvidar que es gente joven, así que abordamos otras áreas que tienen que ver con su vida familiar o de ocio», admite García. «Sin embargo, su mayor preocupación es conseguir regular su situación administrativa y poder insertarse en el mercado laboral».

En este contexto, la coordinadora apunta que reforma de la ley de Extranjería es un paso adelante pero no una solución definitiva, ya que la falta de respuesta de las instituciones al limbo administrativo sigue abocando a muchos extutelados a una situación de calle. «Nosotros vemos más allá de los números, los esfuerzos que hacen por poner todo en orden y la frustración cuando no lo consiguen -añade García-. Hay que explicarles constantemente los procesos a unas personas que tratan de adaptarse a contrarreloj a un país y una cultura diferentes y es complicado, incluso para un usuario de aquí». Precisamente, lo que echa en falta es ese contacto directo que les permite conocer las historias, demandas y necesidades de los jóvenes.

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