Podemos acelera la ley de renta de ciudadanía prevista en el Estatuto

13/12/2018

El grupo parlamentario propone que esta ayuda solo tenga como límite y condicionante la pobreza en la que se encuentre el beneficiario. El coste calculado supera los 200 millones

A cuatro meses de que el Parlamento se tenga que disolver por la convocatoria electoral, el grupo parlamentario Podemos ha decidido ser el primero en regular por ley la renta de ciudadanía que recoge el nuevo Estatuto de Autonomía en el artículo 24.

Este tipo de ayuda se diferencia de las que están vigentes. Por un lado, del carácter restrictivo que caracteriza a la ayuda económica básica en cuanto a los requisitos que se exigen para acceder a la misma. Por otro, de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) dada su vinculación a que su beneficiario regrese al mundo laboral y también, por sus limitaciones temporales.

Por todo ello, la renta de ciudadanía propuesta por Podemos se concibe como un «derecho subjetivo» por lo que «no está condicionado a la obligación de participar en ningún tipo de actividad de inserción laboral o social». Además, el «único límite que puede plantearse no puede ser temporal, sino que tiene que venir determinado por la desaparición de las circunstancias de las situaciones de pobreza y exclusión social».

En la proposición de ley, se distinguen tres tipos de renta de tal forma que abarcan distintas situaciones y «en función de la existencia o no de ingresos en el núcleo de convivencia»: la destinada a la inclusión y protección social, la de pensionistas y la complementaria de ingresos del trabajo.

El acceso y las cuantías que recoge esta iniciativa legislativa se modulan en función de estas tres clases de renta.

Aunque el texto no cuantifica el dinero que se necesitaría para poner en marcha la renta de ciudadanía, las enmiendas que ha presentado Podemos al proyecto de ley de presupuestos para 2019 suman un total de 223 millones de euros.

En cambio, sí se concreta que la financiación «tiene que hacerse íntegramente con cargo al presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias» y deberá ser de carácter ampliable.

Podemos justifica la urgencia de poner en marcha este tipo de renta en que «Canarias es la comunidad autónoma con la tasa más alta de pobreza severa de toda España -13,6%-. Asimismo, la tasa de pobreza -21,3%- es la cuarta más alta y la tasa de riesgo de pobreza -35%- es la segunda más alta de todas las comunidades autónomas», según el Informe anual sobre el Estado de la Pobreza y la Exclusión Social en España.

El grupo sostiene que la pobreza en Canarias y la desigualdad social, «lejos de ser una situación coyuntural, se ha consolidado como un fenómeno estructural». De ahí que se proponga la denominada «renta básica de los iguales» por ser una prestación personal, universal, incondicional y equitativa, según la proposición de ley.