La rebaja fiscal del PSC para la vivienda enfrenta al Gobierno

Los socialistas plantean un paquete de bonificaciones y deducciones fiscales a la compra o alquiler de vivienda habitual, dirigido a un sector poblacional en concreto -familias numerosas, personas con discapacidad, con pocos recursos económicos, víctimas de violencia de género, afectados por desahucios, etc...-, cuestión ésta que fue aplaudida por la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, según se recoge en los informes que acompañan a la iniciativa.

En cambio, el entonces viceconsejero de Hacienda, Luis Padilla, propuso «no dar conformidad a la tramitación de la proposición de ley». Entendió que «existen en la normativa vigente potentes beneficios fiscales» y, sobre todo, «merma de forma considerable la recaudación tributaria de la Comunidad Autónoma de Canarias, lo que supondría un elevado coste fiscal que afectaría negativamente a la regla de gastos».

La Dirección General de Presupuestos no se mostró tan contundente, pero sí recomienda que «deberán equilibrarse en igual proporción a la disminución de ingresos los gastos públicos autonómicos, de forma que se dé cumplimiento a los objetivos y a la normativa que los regula, así como a los escenarios presupuestarios plurianuales acordados y a aquellos otros acuerdos que dimanen de las normas dictadas en materia de estabilidad presupuestaria».

La Intervención General es aún más escueta, sin dejar de señalar que la proposición de ley socialista «deben ser valoradas en cuanto al impacto que pudiera tener en los Presupuestos», dado que «el marco presupuestario a medio plazo vigente y el estimado en el Plan Económico y Financiero 2017-2018 no ha previsto el posible impacto».