El Gobierno, en minoría, está «satisfecho»

26/03/2019

La consejera de Hacienda, Rosa Dávila, reiteró este lunes que la Comunidad Autónoma seguirá peleando los recursos pendientes ante Madrid y «si no hay más remedio», acudirá a los tribunales

El Parlamento de Canarias culmina la legislatura con la «piedra angular» marcada en la hoja de ruta del Gobierno regional, que es la ley de Servicios Sociales, después de haber dado el visto bueno proyectos «importantes» por el Ejecutivo en este mandato. Así lo aseguró ayer la consejera de Hacienda y portavoz, Rosa Dávila, quien subrayó la «satisfacción» del Gabinete de Fernando Clavijo por los asuntos que ha conseguido sacar adelante «aún teniendo minoría y con el consenso de todos los partidos políticos».

Al respecto, Dávila destacó que el Gobierno consiguió sacar adelante la Ley del Suelo, una herramienta «fundamental para el desbloqueo» de proyectos estratégicos que tienen que ver con la lucha contra el cambio climático y con el desarrollo del sector primario y su vinculación con el desarrollo económico de Canarias. Igualmente, hizo hincapié en que termina la legislatura con la aprobación de la Ley de Servicios Sociales que, junto a la desvinculación del REF del sistema de financiación autonómico, el nuevo REF y el Estatuto «son elementos esenciales para avanzar en el estado del bienestar». En el caso de la Ley de Servicios Sociales, la consejera la puso como ejemplo de que el Parlamento ha puesto el interés general por encima del partidario y recordó que es uno de los asuntos más importantes que se fijó el Gobierno al principio de la legislatura.

La consejera también aseguró que Canarias «no da ni un solo euro por perdido» de los recursos pendientes del Estado y seguirá reclamándolo al Gobierno «con competencias plenas, cuando entre en funciones o al que salga de las elecciones generales» porque «es dinero de todos los canarios» y va destinado a infraestructuras y obras importantes «que tienen que ver con la mejora de la calidad de vida de los canarios», desde los 30 millones para la lucha contra la pobreza, los 42 millones del PIEC o los ocho para compensar el coste del agua de regadío, que están recogidos en el REF.

Insistió la consejera de Hacienda en que desde Canarias no sólo mantendrán la exigencia ante Madrid y continuarán negociando con los ministerios implicados sino que «si no hay más remedio, acudiremos a los tribunales como ya ocurrió con el convenio de carreteras».

Por otro lado, el Gobierno ha decidido volver a acogerse al Fondo de Facilidad Financiera del Estado, una fórmula que le permite cubrir durante el primer trimestre vencimientos de deuda por valor de hasta 275,9 millones a un coste menor que el que ofrece el mercado.

Diez millones en saneamiento

Por otro lado, el Gobierno de Canarias aprobó ayer los convenios con los cabildos para invertir diez millones en obras de depuración y saneamiento. Esta partida corresponde al Presupuesto de 2018 y el convenio fue suscrito con Madrid en diciembre, tal como explicó el consejero de Agricultura, Narvay Quintero, quien apuntó que esta partida «no tiene que ver» con los 40 millones, también incluidos en las cuentas del año pasado del convenio de obras hidráulicas y que «aún no ha llegado».

Apuntó que, una vez prorrogados los presupuestos, además de esta partida pendiente, Canarias espera otros 10 millones para saneamiento y depuración, más los 40 millones de euros para obras hidráulicas.

Por otro lado, la consejera de Política Territorial, Nieves Lady Barreto, informó ayer de que el Consejo de Gobierno aprobó también dos nuevos reglamentos de la Ley del Suelo. Uno de ellos regula la creación del Registro de Planeamiento de Canarias y permitirá «en todo momento» la consulta de cualquier instrumento de ordenación vigente y conocer su contenido, tanto de modo presencial, como por vía telemática.

El otro reglamento aprobado hace referencia a la creación de la Oficina de Consulta Jurídica sobre Ordenación del Territorio y Urbanismo de Canarias que ofrecerá asesoramiento a las instituciones.