El papeleo complica el ingreso de emergencia para los extranjeros

La Consejería de Derechos Sociales ha hecho público a través de las redes sociales que los solicitantes del Ingreso Mínimo de Emergencia (ICE) a los que se les ha requerido algún tipo de documentación la pueden sustituir por un informe social. Este documento -que debe estar emitido y firmado por un trabajador social colegiado, vinculado al sector publico o privado-, debe acreditar la situación de vulnerabilidad de la familia y disponen de diez días de plazo para presentarlo ante la administración.

El Colegio de Trabajadores Sociales de Santa Cruz de Tenerife ha salido al paso de esta decisión de la Consejería que dirige Noemí Santana porque, como señala la presidenta de esta entidad, Candelaria Delgado, un informe social «es un dictamen técnico que requiere de un diagnóstico después de trabajar con la familia, de entrevistas, de conocer su situación y, por tanto, un tiempo de elaboración. No se hacen de un día para otro si no conocemos a la familia».

Detalla además que la Consejería no se ha dirigido a ellos para abordar este asunto sino que lo han conocido por algunos colegiados que se han quejado por esta situación. Agrega que los diez días que ofrece la administración es un plazo insuficiente porque «solo con pedir cita al trabajador social de referencia, si lo tienen, y empezar la tramitación de esta información, va a llevar más tiempo que el exigido». Como ejemplo, señala que para la percepción de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), los informes que elaboran los trabajadores sociales tardan entre uno y dos meses.

Indica que esta situación viene generada, sobre todo, por las familias que no disponen de DNI y solicitaron la prestación de emergencia con el pasaporte, un documento con el que no se puede intermediar con administraciones como Hacienda, Tráfico, Catastro, etc. para conocer la situación patrimonial, si cuentan con algún otro tipo de recurso o cualquier otro dato que sí se puede obtener con quienes han presentado su demanda con el DNI.

Entiende Candelaria Delgado que «quizá la Consejería tendría que haber solicitado a los ayuntamientos o a las entidades que trabajan con familias vulnerables este tipo de información» o, previamente, haber establecido un convenio con la Federación Canaria de Municipios (Fecam), la Consejería de Sanidad u otras entidades y establecer los criterios sobre los que actuar.

Insiste la presidenta del Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Santa Cruz de Tenerife en que el informe social deben hacerlo los profesionales que conocen a las familias y defiende que este tipo de expediente es un «dictamen técnico que no se puede hacer de un día para otro».

Los trabajadores sociales, dice, están abiertos a sentarse con los responsables de Derechos Sociales para buscar un procedimiento alternativo que permita dar una solución a estas familias y que cobren el ingreso mínimo. Desde el Colegio tinerfeño han remitido una carta a sus homólogos de Las Palmas para elaborar un documento conjunto y presentarlo ante Derechos Sociales con sus aportaciones.

Insiste Candelaria Delgado en que la posición de estos profesionales es «aportar» y achaca la actuación de la Consejería «al desconocimiento y a su interés por realizar el trámite cuanto antes» para favorecer a todas estas personas. Eso motivó, recuerda, que la documentación no se pidiera a los solicitantes, sino que era el propio Gobierno de Canarias quien la requería de otras administraciones «hasta que surgió el problema de las familias que solo cuentan con un pasaporte para identificarse».

es el número de familias en Canarias que barajan los trabajadores sociales que no cuentan con DNI para ser identificados y disponen solo de pasaporte. Este documento, apuntan, no permite conocer sus datos en Hacienda, Catastro, Tráfico u otras entidades.