Imagen de archivo de una sesión del Consejo de Gobierno presidido por su titular, Ángel Víctor Torres. / C7

Último tramo de la legislatura con numerosos frentes abiertos

Están pendientes la firma de la adenda al convenio de carreteras y el traspaso efectivo de la gestión de Costas, ya cerrado

B. Hernández
B. HERNÁNDEZ Las Palmas de Gran Canaria

La actividad política se reactiva esta semana para afrontar el último tramo de la legislatura. Lo hará con la vista puesta en las elecciones del próximo mes de mayo, lo que condicionará no solo la actuación del Gobierno apoyado por el Pacto de las Flores, sino del resto de formaciones políticas, que vuelven de las vacaciones en 'modo preelectoral'.

En el caso del Ejecutivo que preside Ángel Víctor Torres, le quedan unos meses intensos en los que tendrá que dar respuesta a un número importante de expedientes abiertos que tiene sobre la mesa y que no dependen solo de su gestión, sino también de la negociación con el Estado.

ASUNTOS PENDIENTES

  • Convenio de carreteras La adenda de 407 millones por obra no ejecutada sigue pendiente de la firma. Se tenía que haber suscrito en julio y se ha retrasado a septiembre.

  • Financiación autonómica Después de las observaciones al anterior texto, Canarias confía en que el nuevo documento recoja al menos la insularidad.

  • Estabilización La estabilización de la plantilla es uno de los deberes que tiene pendiente la comunidad autónoma. Antes de fin de año debe estar acordadas las bases.

Entre ellos, la adenda al convenio de carreteras y el cierre del traspaso de las transferencias de Costas el próximo mes de enero. Si bien este asunto ya está firmado después de numerosos retrasos, Canarias y el Estado han acordado constituir una comisión técnica para analizar los expedientes abiertos. Ante un asunto que consideran que les compete, los empresarios turísticos ya han reclamado tener presencia en estos grupos de trabajo.

Carreteras

En cuanto a la firma de la adenda al convenio de carreteras por 407 millones de obra no ejecutada correspondiente al plan 2012-2017, el Gobierno autonómico ha reiterado que no existen problemas ni con el Ministerio de Hacienda ni con el de Transportes y que la demora obedece solo a un problema de plazos.

Sin embargo, después de llegar a un acuerdo con el Estado en abril, el consejero de Obras Públicas, Sebastián Franquis, indicó que el acuerdo se firmaría en julio. Posteriormente apuntó que sería en septiembre y ya algunas fuentes del Ejecutivo dan como bueno que se pueda suscribir antes de fin de año.

Otro de los asuntos que la comunidad autónoma tendrá que pelear con el Estado -si finalmente se abre este melón en periodo preelectoral y con pocas posibilidades de consenso- es la modificación del sistema de financiación autonómica.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado que después del verano enviará un nuevo texto con una propuesta a las comunidades autónomas. El anterior, dado a conocer hace unos meses, contó con el rechazo unánime de las formaciones políticas de Canarias y del Gobierno de Torres, ya que no separaba la financiación autonómica de los ingresos del REF y ni siquiera contemplaba la insularidad.

La gestión de la inmigración, sobre todo en lo que tiene que ver con los menores es otro de los asuntos de debate entre la comunidad autónoma y Madrid. Sin embargo, las delcaraciones de la directora general de Protección a la Infancia, Iratxe Serrano, indicando que ya los centros no están saturados y que incluso se está procediendo al cierre de algunos dispositivos, puede haber cambiado las exigencias -y sobre todo la urgencia- con el Estado.

Además, entre los deberes que tiene el Ejecutivo en estos últimos meses de legislatura está defender en el Parlamento sus dos iniciativas 'estrella': las leyes de Cambio Climático y de Renta de Ciudadanía.

Estabilización

En el tejado de la Consejería de Administraciones Públicas se encuentra además la estabilización de la plantilla -tal como recoge la ley estatal que pretende reducir la alta temporalidad entre los empleados públicos-, además del conflicto que mantiene con los temporales e interinos de la administración general.

Tras comunicar sus ofertas extraordinarias de empleo en junio, el reto ahora es acordar las bases de las convocatorias, que deben publicarse antes del 31 de diciembre.

Imagen de archivo del Parlamento de Canarias. / flickr parlamento de canarias

Los 'proyectos estrella', tambien quedan para la recta final

La actividad en el Parlamento de Canarias en este último tramo de la legislatura también tendrá la mirada puesta en las elecciones del mes de mayo.

Por delante queda la tramitación de siete proyectos de ley, además del Presupuesto de la comunidad autónoma para 2023, que tendrá un techo de gasto de casi 10.100 millones, tal como ya anunció el consejero de Hacienda, Román Rodríguez.

Asimismo, quedan pendientes de aprobación seis proposiciones de ley. Entre ellas, figura la relativa al comercio triangular en la ZEC, que se tramitará ante las Cortes Generales, y dos de iniciativa popular, la del Turismo de Canarias y la de Protección del arbolado urbano.

Entre las iniciativas que se deben debatir en estos próximos meses figuran los dos 'proyectos estrella' del Pacto de las Flores para este mandato: la Ley del Cambio Climático, que registra un notable retraso en su tramitación, puesto que entró en el Parlamento el pasado diciembre.

También se aprobará en esta recta final de la Legislatura la Renta Canaria de Ciudadanía, un compromiso anunciado desde el Gobierno de Canarias desde el principio del mandato.

Con el objetivo de garantizar los derechos de las personas en situación de vulnerabildiad, este proyecto llegó a la Cámara regional en el mes de marzo, aunque el anteproyecto ya fue presentado en 2020.

Este proyecto de ley responde al mandato del Estatuto de Autonomía y de la Ley de Servicios Sociales y una vez se apruebe, se implementará en varias fases porque, según ha anunciado la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, «es muy ambicioso».

La previsión del Gobierno regional es que con esta ley se llegue al menos a 40.000 personas cuando se aplique por completo. Se pretende que las cerca de 11.000 personas que perciben la Prestación Canaria de Inserción (PCI) pasen a cobrar la renta de ciudadanía.