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El borrador de la nueva Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias introduce numerosas herramientas para agilizar los trámites y simplificar procedimientos administrativos al fin de favorecer el desarrollo de las islas. Precisamente, en sus disposiciones adicionales incluye la figura de los planes de renovación especial de suelos industriales, la cual pretende modernizar las áreas de este calado en las islas sin necesidad de consumir más terreno del que ya se emplea.
Todo ello intentará ser de ayuda para propulsar el desarrollo industrial en las islas. Y es que, con datos de 2022, el PIB industrial del archipiélago ronda un 6,2%, aunque se espera que este pueda elevarse en unos años hasta el 7,7%.
La escasez de suelo industrial (hay 137 espacios industriales) y, por tanto, la carestía del mismo, ha hecho que su desarrollo se encalle, por lo que se está trabajando en mecanismos para impulsar esta actividad en vías de convertirlo en un motor viable para la diversificación de la economía.
Los planes de renovación especial de suelos industriales dotan a los ayuntamientos y cabildos de «mecanismos para que puedan reformar, recualificar y cambiar la edificabilidad» de estos espacios, según explica el director general de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial, Onán Cruz. Cabe destacar que estos procesos se harán «de una manera ágil» y con la simplificación de los procesos que se tienen que realizar para que se materialicen, lo cual no deja de ser el «espíritu» con el que se creó la ley allá por 2017.
Así, no habrá necesidad «de consumir más suelo», ya que es intención de la Consejería «seguir protegiendo» los espacios que aún no están transformados. Para ello, también en el borrador de la futura Ley del Suelo, se han introducido medidas de protección «mucho más duras» tanto económicas (las multas mínimas pasan de 60 a 300 euros y las muy graves pueden alcanzar los 600.000) como en tiempo.
La norma establece que estos planes se tendrán que realizar con un estudio previo en el que, «como mínimo», se recogerá el ámbito de aplicación, las características «ambientales y territoriales de la urbanización»y, en especial, «de su entorno».
En 2017, con Fernando Clavijo al frente del Gobierno de Canarias, se aprobó la Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, que estuvo envuelta en polémica desde sus inicios. En aquel momento, los expertos alertaron de las posibles deficiencias de este texto normativo, y contó con duras críticas por parte de la oposición y de la ciudadanía. Con la vuelta de Clavijo al poder, su equipo de Gobierno se propuso, a principios de 2024, comenzar un trabajo de revisión de la norma en el que han participado más de 700 profesionales. El fruto de las intensas reuniones con los ayuntamientos de las islas, cabildos y técnicos es un borrador que actualiza la ley para adaptarse a la realidad del archipiélago en estos momentos, como explican desde la Consejería.
El pasado viernes 2 de mayo se cerró el trámite de información pública y, ahora, se abre otro periodo de trabajo en el que se estudiarán e incluirán, o no, las alegaciones presentadas por las administraciones competentes y la sociedad canaria.
En el borrador, en exposición pública desde marzo, se incluyeron una treintena de disposiciones adicionales, que sirven para introducir normas complementarias al texto ya estipulado, para establecer relaciones con otras normas o regular situaciones especiales.
Entre ellas también destacan aquellas relacionadas con el reto demográfico, como la disposición adicional trigésimo cuarta, con la que se pretende dar impulso a los municipios de menos de 10.000 habitantes. Son municipios, como apunta Cruz, «que tienen dificultades a al hora de acceder a subvenciones o ayudas», por lo que se declara de «interés general superior» la concesión de apoyos a estos territorios para evitar la despoblación.
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Tras más de un año de trabajo para la elaboración del borrador que modifica la Ley del Suelo, la Consejería de Política Territorial ha realizado una 'gira' por los municipios de las islas para presentar el documento y los ocho pilares en los que se sustenta. El Ejecutivo sigue con la hoja de ruta marcada, y espera que en septiembre de este año pueda entrar el Parlamento de Canarias.
El plazo de información pública, cerrado el pasado viernes 2 de mayo, sirvió para que los cabildos, ayuntamientos y la ciudadanía en general pudieran trasladar las alegaciones al texto, por lo que este lunes se conocerá el total de las mismas. Así, la semana pasada colectivos ecologistas alertaron de que este texto va a debilitar os controles ambientales y la planificación territorial.
Sin embargo, el director general de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial, Onán Cruz, argumenta que desde la Consejería «la percepción es totalmente contraria».
En palabras de Cruz, con el texto modificado se va a «proteger mejor el espacio que tenemos», todo ello, debido a que se ha aumentado el tiempo para que la administración pueda perseguir los posibles delitos urbanísticos, que pasa de cuatro a ocho años.
Además, para responder a los colectivos sociales que alegan que con la agilización de los trámites administrativos puede perjudicar a la protección de los espacios, Cruz responde que los documentos contarán con «todas las garantías legales», y que estarán basadas en los pasos que están establecidos en la normativa ambiental estatal.
Por ejemplo, en el borrador se han reducido los plazos de consulta e información pública dentro de lo que establece la ley, eso sí, «con la certeza» de que la ciudadanía tenga acceso a la documentación pertinente.
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