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El Ejecutivo regional ha iniciado el procedimiento administrativo de actualización de la Ley 4/2017 del Suelo y los Espacios Naturales Protegidos de Canarias. La Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas que lidera Manuel Miranda lleva un año trabajando en el borrador, en cuyas propuestas han intervenido 700 técnicos y expertos en un proceso de escucha y participación con todas las instituciones, colectivos y profesionales vinculados con la gestión del urbanismo, el planeamiento, la sostenibilidad y la protección del territorio, todos los ayuntamientos y cabildos.
El objetivo es profundizar en los principios de simplificación y racionalización que inspiraron la norma, e incorporar su adaptación a los desafíos del reto demográfico, la agenda urbana y el cambio climático, recogidos en normativas posteriores a su entrada en vigor.
Ambiental Se ampliará la caducidad de las evaluaciones ambientales vigentes de los planeamientos en tramitación
Rurales Se simplifica la delimitación de asentamientos rurales para revertir la situación de declive demográfico
Interés Abordará la clarificación de criterios para justificar la declaración de proyectos de interés insular o autonómico
Vivienda Bajan las plusvalías del 10% al 5% del aprovechamiento urbanístico para fomentar la vivienda pública
Esta actualización de ley va a dar respuesta a las grandes demandas de los municipios, sobre todo, y a facilitar el trabajo de los técnicos municipales. Onán Cruz, director general de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial, apunta que las modificaciones se han agrupado en seis bloques. El primero de ellos encaminado a mejorar la redacción de la norma y aclarar el articulado sobre el que «vimos que había dudas de interpretación».
A su vez, se pretende «favorecer la agilización de licencias. Estamos hablando de aumentar el tipo de obras» simplificando las comunicaciones previas y «descargando» de tareas a los trabajadores municipales en la concesión de licencias.
En cuanto al bloque de planeamiento, destaca Onán Cruz que una de las peticiones más repetidas en las reuniones con ayuntamientos y cabildos ha sido que los planes generales de ordenación del territorio y las modificaciones menores «sean mucho más fáciles de trabajar» a la hora de tramitarlos, «compactando y uniendo pasos». Aunque también hay que tener en cuenta que la ley de evaluación ambiental lo condiciona todo, pero aún así, se trata de «dar los menos pasos posible», señala el director general de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial. Entre los ejemplos que cita Cruz, «no hay que tener ordenación pormenorizada para tener una ordenación estructural. Vamos a profundizar en esta separación. Se puede desarrollar el planeamiento según sus necesidades».
Por lo que se refiere a las diferentes declaraciones de interés, que se ha convertido en un instrumento de planeamiento controvertido, la intención, avanzó el director general de Ordenación, es «profundizar» en la figura de interés autonómico e insular, «circunscribiendo a cada ámbito administrativo».
Los nuevos retos demográficos, la cohesión del territorio o la puesta en uso de suelo para la construcción de vivienda que dé respuesta a la actual emergencia habitacional son aspectos que tendrá en cuenta la actualizada ley del suelo de Canarias, aún en periodo de audiencia previa. Son asuntos que «tenían muy poca presencia» en la actual ley de 2017 y ahora hay que cubrirlos, sobre todo para dar respuesta a los problemas que sufren los pueblos vaciados, con una despoblación galopante.
También se plantea facilitar la disponibilidad de suelo para construcción de vivienda pública reduciendo la participación en las plusvalías del 10% al 5% del aprovechamiento urbanístico para facilitar fomentar los proyectos de construcción y rehabilitación de vivienda pública.
El Consejo de Gobierno de Canarias dio vía libre el pasado lunes al inicio del procedimiento administrativo de actualización de la ley a propuesta del consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda.
El consejero explicó que su departamento ha realizado en los últimos doce meses un «minucioso» trabajo del que ha salido un borrador de ley en el que se incluyen muchas de las propuestas hechas por instituciones y técnicos. Las conclusiones y propuestas de quienes «mejor conocen la norma» son la base del documento de actualización de la Ley del Suelo en fase de redacción, cuyo borrador de anteproyecto de ley será abordado con los grupos políticos antes de su aprobación en consejo de gobierno y posterior remisión al Parlamento de Canarias, «con el ánimo de alcanzar el mayor consenso posible sobre una norma que condicionará definitivamente el desarrollo económico y social del archipiélago durante las próximas décadas, y que debe responder a las legítimas aspiraciones de toda la sociedad canaria», según explicó Manuel Miranda en la rueda de prensa posterior al consejo de gobierno.
El consejero confirmó que el anteproyecto de ley será aprobado antes de finalizar el año, y recordó que la actual Ley del Suelo ha permitido la aprobación, desde su entrada en vigor en 2017, de casi 250 modificaciones menores de los instrumentos de ordenación municipales y 28 de carácter insular. Miranda insistió en el valor de esa «positiva experiencia» como punto de partida para su actualización.
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