Pérez dice que la solución al problema de los temporales es «presionaral Estado»

Pérez respondió así a una pregunta de la diputada de Coalición Canaria (CC), Socorro Beato, en una compareció ante la Comisión de Gobernación, Seguridad y Justicia de la Cámara regional. La parlamentaria nacionalista le interrogó sobre el «esfuerzo real» de la Consejería para acabar con el conflicto que mantiene en huelga desde el pasado mes de desde enero a los empleados temporales de la administración general de la comunidad autónoma. Al respecto, el consejero aseguró que han mantenido una comunicación continua con el comité de huelga. «Hemos estudiado sus propuestas y hemos hecho otras, que no siempre han sido bien recibidas», apostilló.

El titular de Administraciones Públicas subrayó que el Gobierno «de ninguna manera» se opone al objetivo de estos trabajadores de alcanzar la fijeza y señaló que sus posiciones son «razonables, fundadas y justas». Sin embargo, insistió en que «no está en nuestras manos solucionarlo» porque se trata de legislación básica del Estado que obliga a las comunidades autónomas y, por tanto, dijo, la solución es «presionar» a Madrid para que dicte una norma que lo resuelva, posición que comparte con la expresidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, que recientemente se refirió a este asunto. Como ejemplo de la necesidad de contar con una ley nacional, recordó que el País Vasco dejó fijos a los policías locales y el Constitucional anuló esta decisión.

Precisamente la situación de estos empleados públicos fue uno de los asuntos que abordó ayer el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, en la reunión que mantuvo con el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta. Torres planteó la necesidad de buscar una respuesta a las condiciones en las que se encuentran miles de trabajadores temporales e interinos «que van concatenando contratos, incluso durante más de veinte años».

Según manifestó Torres después del encuentro, el ministro tiene la intención de llevar a cabo en los próximos meses una modificación del Estatuto Básico del Empleado Público (EPEB) y trabajar con las comunidades autónomas de manera que se puedan alcanzar «mecanismos de consenso para que, en parte, estos trabajadores puedan ver colmadas sus expectativas».

Por otro lado, los trabajadores continúan con sus medidas de presión para conseguir una salida a su situación y han presentado un nuevo preaviso de huelga que se prolongará desde mañana jueves, 8 de abril, hasta finales de diciembre convocada por Sepca, Intersindical y Co.bas.

Entre los argumentos, subrayan la «incomprensible» posición del Gobierno de Canarias para no reflejar mejoras económicas, sociales y laborales, ni la eliminación de las condiciones de abuso en la temporalidad a las que se ha sometido a un porcentaje elevado de los empleados públicos. Denuncian que, como alternativa, se plantee una OPE extraordinaria de consolidación y estabilización «absolutamente inadecuada, injusta y contra la jurisprudencia europea». Todo ello, agregan, unido a la tal falta de negociación colectiva efectiva así como «ausencia de voluntad para alcanzar acuerdos» que se ha evidenciado en la «inmovilidad de la administración» durante los meses de huelga.