«Ni se les pasó por la cabeza» caducar la concesión de las grúas

12/06/2019

Los primeros testigos intentan desviar toda la responsabilidad del caso en el que está imputado Clavijo hacia la exjefa de Seguridad y hacia uno de los interventores de la concesión del servicio

Las declaraciones de los primeros testigos del caso Grúas citados por la jueza que instruye el caso en los Juzgado de La Laguna dejan ver de manera bastante clara la estrategia fijada por los letrados de los imputados políticos –el presidente en funciones del Gobierno, Fernando Clavijo, el hasta ahora alcalde José Alberto Díaz. y el portavoz del CC en el Ayuntamiento, Antonio Pérez Godiño–: desviar toda la responsabilidad de las supuestas irregularidades habidas en la gestión del servicio de retirada de vehículos del municipio tinerfeño hacia la que fuera directora de Seguridad del Ayuntamiento, Rosario Hernández, y hacia uno de los interventores de la concesión tras su rescate, Alejandro Cordero.

Las declaraciones de los testigos citados ayer no tuvieron mayor enjundia, salvo las que realizó la que fuera segunda de Rosario Hernández, la funcionaria Rosa María Paz, que intentó desviar el foco hacia la que fuera su jefa como ya ocurrió el lunes con el ahora secretario General de Presidencia del Gobierno, Ceferino Marrero, y el exjefe del área de Hacienda del Ayuntamiento lagunero, Estanislao González.

En el interrogatorio del lunes, Ceferino Marrero llegó a asegurar que, contrariamente a lo que él mismo llegó a plantear en un informe de diciembre de 2013, que nunca habló de caducar la concesión del servicio de grúas y convocar un nuevo concurso: «No se les pasó por la cabeza», espetó, para a renglón seguido responder a la fiscal anticorrupción María Farnés Martínez que si la empresa no estaba reequilibrada «nadie acudiría a ese concurso».

En lugar de caducar la concesión, que su la sanción potestativa por los incumplimientos de la empresa, Clavijo, Godiño y Díaz, deciden levantar los reparos de la Intervención General y ayudar a Autogrúas Poli con crédito de 120.000 euros para que pagara sus deudas (más de 300.000 euros) y luego prorrogarle la concesión de las grúas 25 años más.

Tanto Clavijo como Díaz también responsabilizaron en sus declaraciones a Hernández de las decisiones que ellos tomaron contraviniendo los dictámenes del interventor.

Todos los testigos han negado además que recibieran presiones o indicaciones de Clavijo (entonces alcalde de La Laguna) o de algún concejal para informar en el sentido en el que consta en los expedientes administrativos. Con esa negación intentan librar a Clavijo del presunto delito de tráfico de influencias, igual que intentan alejar el de prevaricación (por no caducar la concesión) y el de malversación, por préstamo con cargo a las arcas municipales.

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