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La tragedia que ocurrió en El Hierro la madrugada del sábado pasado ha sacudido a los partidos políticos que, tras dos meses de tensión, se reunieron ayer para abordar el drama humanitario que vive el archipiélago y, en concreto, la modificación de la ley de extranjería para garantizar la distribución obligatoria entre las comunidades autónomas de los menores no acompañados que llegan a las islas.
No se sabe si fue fruto de la casualidad o de la causalidad, pero el Partido Popular, Coalición Canaria y PSOE lograron compenetrar sus agendas y celebrar esa primera reunión a tres bandas para caminar hacia la modificación legislativa. Según fuentes de las formaciones, el encuentro fue «más o menos bien» y envuelto en debate, ya que «hay que hilar fino», sobre todo, con los criterios que se seguirán para definir los cupos de menores que tendrá que acoger cada comunidad autónoma.
No obstante, trasladan que hay «cierto optimismo» de cara a las negociaciones. Los partidos han optado por reuniones «discretas», y no se han convocado de manera pública para así beneficiar a que el diálogo entre los mismos sea claro y se logre pronto un acuerdo.
El cambio en la norma hará que se puedan descongestionar los recursos de acogida de los territorios de llegada, como el archipiélago, y así poder garantizar una atención digna para los menores.
Por parte del Gobierno estatal asistieron al encuentro los ministros de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres y la titular de Juventud e Infancia, Sira Rego. Con respecto a los populares estuvo presente el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado. Y desde Canarias asistió el presidente autonómico, Fernando Clavijo. Aunque no se cerró un acuerdo, sí ha servido para ir acercando posturas y caminar hacia la modificación.
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Posturas que, en la toma en consideración de la reforma de la ley en el Congreso de los Diputados celebrada en julio, eran disonantes. El Partido Popular votó en contra de la reforma ese día y, durante el verano, clamaron que no se tuvieron en cuenta sus peticiones.
En agosto, en una reunión «discreta» a tres bandas, el Gobierno central se comprometió a entregar un modelo de distribución tanto al Ejecutivo autonómico como al Partido Popular, para así ir acercando posturas.
Ya en septiembre, el propio líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, firmó con el Gobierno de Canarias un documento en el que se integraban algunas de sus reivindicaciones, necesarias para apoyar el cambio en la norma. Entre ellas destacaron el establecer el cupo de menores que le correspondería acoger a cada comunidad autónoma y la ficha financiera que se destinará a cada territorio para hacer frente a los gastos derivados de la atención de estos niños y niñas que llegan a las costas sin la compañía de un familiar.
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Por su parte, el portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Cabello, trasladó tras el Consejo de Gobierno celebrado este lunes que, durante estas semanas, se seguirá trabajando para alcanzar un acuerdo. El propio presidente, Fernando Clavijo, expresó hace unos días que espera tener cerrado el pacto antes de su encuentro con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que será el próximo 11 de octubre.
Como ya ha manifestado el Gobierno de Canarias en varias ocasiones, los recursos de acogida no han dejado de estar saturados, Son alrededor de 5.500 menores migrantes a los que da respuesta el archipiélago en 81 centros que se mantienen desbordados. Por tanto, desde el Ejecutivo piden centrar el foco el lograr que la reforma salga adelante, vía decreto ley.
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se reúne hoy en Ginebra, Suiza, con representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) para continuar con la búsqueda de «aliados a nivel internacional» que puedan apoyar al archipiélago en la respuesta al drama humanitario que se está viviendo. Se quiere, así, hacer hincapié en la atención de los menores migrantes «no solo en Canarias, sino en el conjunto de la Unión Europea».
Así lo informó el portavoz del Ejecutivo autonómico, Alfonso Cabello, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado este lunes.
En la misma línea, el presidente del Gobierno autonómico también se trasladará a Malta con motivo de la celebración de la Conferencia de las regiones ultraperiféricas y marítimas europeas. Allí trasladará «cuál es la situación que se está viviendo» en el archipiélago con respecto a la crisis migratoria, y lo hará ante «más de 100 territorios aliados», indicó el portavoz del Ejecutivo. Todo ello está dirigido a que, «cuando la Unión Europea articule el nuevo colegio de comisarios y comisarias», se tenga fijado «como uno de los primeros asuntos» el drama migratorio de Canarias.
Desde el Gobierno regional destacaron la implicación de la Unión Europea en intentar dar respuesta al fenómeno migratorio. Hasta el archipiélago viajó el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, durante septiembre. Fue en Tenerife donde anunció un plan especial para ayudar a Canarias, que incluye una inyección de 14 millones de euros y un refuerzo de la presencia de las agencias europeas de asilo.
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