La presión migratoria en el archipiélago continúa al alza con un notable incremento de menores en las pateras y varios bebés. / EUROPA PRESS

Más de la mitad de los menores siguen pendientes del decreto de edad

El repunte de los últimos meses se suma a la sobrecarga de trabajo en la Fiscalía de Extranjería mientras los centros continúan al límite

Ingrid Ortiz Viera
INGRID ORTIZ VIERA Las Palmas de Gran Canaria

El atasco burocrático para determinar la edad de los menores extranjeros no acompañados que llegan a Canarias continúa tras un año de presión en los centros. De los 2.680 tutelados actualmente por la comunidad autónoma, 1.410 están pendientes de los decretos de determinación de la edad, es decir, el 52%. Si bien la cifra ha mejorado con respecto a febrero -cuando el 75% seguía a la espera de las pruebas óseas- no es suficiente para garantizar la protección de los menores. De este total, alrededor de 1.000 tendrían preferencia en las pruebas al presentar dudas razonables, mientras que el resto son niños y niñas de muy corta edad.

En este sentido, el trabajo de filiación de la Policía a pie de muelle está siendo aún más «ajustado», apuntan desde la dirección general de Protección a la Infancia, lo que permite reducir en parte el número de personas acogidas que no pertenecen realmente a este colectivo vulnerable.

Los retrasos se concentran sobre todo en Gran Canaria: en primer lugar, por ser la isla con mayor volumen de recepción y, en segundo, porque aún lastra el cuello de botella que se produjo a principios de año, cuando la derivación de los recursos sanitarios hacia la emergencia de la pandemia frenó las pruebas óseas. Ahora, el embudo está en las certificaciones emitidas por la Fiscalía de Extranjería, que se ve sin personal suficiente para atender la ingente demanda. En Tenerife, en cambio, no hay colapso, explican desde Infancia, y prácticamente desde que llegan los menores al archipiélago se inician los trámites pertinentes.

La ausencia de los decretos de edad no solo impide separar a los adultos en los centros sino también presentan problemas para escolarizar a los menores o iniciar su regulación administrativa. Un proceso que aboca a muchos que llegan en el límite de los 17 años a un limbo una vez cumplida la mayoría de edad, ya que no disponen de documentación para residir, trabajar o siquiera moverse dentro o fuera del país.

Mientras tanto, Canarias continúa sufriendo la mayor presión del fenómeno migratorio y, al ritmo de los últimos dos meses, se podría llegar a la cifra histórica de 3.000 tutelados. De los 212 traslados acordados con el resto de comunidades autónomas para asumir la correponsabilidad de la acogida, ya se han hecho efectivos 198. Los últimos han sido cinco que partieron el martes hacia Madrid y quedan pendientes otros quince del convenio suscrito con el País Vasco, que se ha retrasado debido a la oposición de Vox-ya rechazada en el Parlamento regional- al protocolo.

La Consejería de Derechos Sociales continúa lanzando el mismo mensaje, y es que ante unas cifras «insostenibles» debe haber un mecanismo de reparto estable y equitativo. Una iniciativa que se está trabajando con el Ministerio tras su aprobación en el seno de la comisión territorial pero que aún le llevará tiempo ver la luz. Por lo pronto, no existen más acuerdos confirmados, aunque Infancia no los descarta.

La directora general, Iratxe Serrano, cifra en un millar la cantidad de menores que deberían derivar hacia la Península para seguir teniendo capacidad de gestión, ya que ven agotadas las posibilidades de abrir más centros. Sin embargo, sí echa en falta un centro de menores en Lanzarote, donde la desproporción entre las llegadas y los recursos disponibles es mayor. De hecho, apunta Serrano, es el Cabildo quien está asumiendo todo el peso a través de su red de protección, por lo que se hace evidente un refuerzo de al menos 30 plazas.