La mitad de las mancomunidades incurren en causa de disolución

La aprobación de esta ley modifica la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local e introduce cambios en cuanto al régimen competencial de las mancomunidades. Tras su entrada en vigor, las mancomunidades solo podrán crearse para el desarrollo de algunas competencias propias de las entidades locales o la prestación de algunos servicios. Por tanto, su asunción de competencias se encuentra limitada, ya que no es posible desarrollar la totalidad de las materias asignadas a los municipios que la integran.

En el análisis de la Audiencia figuran como mancomunidades con actividad las de Municipios de Medianías de Gran Canaria; Municipios de Montaña no Costeros de Canarias; Municipios del Centro-Sur de Fuerteventura; Del Norte de Gran Canaria, Intermunicipal del Sureste de Gran Canaria; Nordeste de Tenerife; San Juan de la Rambla-La Guancha y Mancomunidad de Servicios Garachico-El Tanque. Figuran en fase de disolución la Mancomunidad del Norte de Tenerife y la de Municipios Sur de Lanzarote Yaiza-Tías, además de la Mancomunidad de la isla de Lanzarote (Rensuital), sin actividad.

El caso es que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad da a las mancomunidades un plazo de seis meses para adaptar sus estatutos a esta norma. De lo contrario, incurrirían en causa de disolución. Para hacer efectivo este mandato, la comunidad autónoma debió establecer el procedimiento y plazo para la extinción efectiva de aquellas mancomunidades que incurrieron en causa de disolución. Sin embargo, no inició nada en este sentido.

Ninguna de las tres mancomunidades inactivas o en disolución a 31 de diciembre de 2019 y 2020 había adaptado sus estatutos a lo dispuesto en la ley en el plazo previsto, mientras que de las ocho que estaban en funcionamiento, tampoco lo hicieron San Juan de la Rambla-La Guancha -modificó sus estatutos por última vez en 2005) y Servicios Garachico-El Tanque (que lo hizo en 2011).

La Mancomunidad de la isla de Lanzarote (Rensuital), además de no prestar ningún servicio y no contar con personal propio, tampoco se tiene conocimiento de quienes son los actuales componentes de la entidad, no está identificado su Presidente y se desconoce, según el órgano auditor, si se han segregado los ayuntamientos componentes por acuerdo de sus respectivas corporaciones. En el caso de la Mancomunidad del Norte de Tenerife, creada en 1993 y activa hasta finales de 2010, inició el proceso de liquidación oficialmente en diciembre de 2010, pero diez años después seguía sin concluir. A finales de 2020 se celebró una reunión de la comisión liquidadora con la finalidad de disolverla en junio de 2021.

En cuanto a la Mancomunidad Sur de Lanzarote Yaiza-Tías, no ha podido hacer frente a ninguna de sus obligaciones desde diciembre de 2018. En octubre de 2020, la asamblea acordó su disolución y el 15 de abril de este año se aprobó la disolución de la mancomunidad.

En la distribución geográfica por islas se comprueba que en El Hierro, La Gomera y La Palma no se ha constituido ninguna mancomunidad, mientras que en Lanzarote, las dos mancomunidades existentes a final de 2019 y 2020 se encontraban, una en proceso de disolución -prevista para este ejercicio- y la otra sin actividad y en proceso de vaciamiento de competencias. De las mancomunidades canarias, solo la de Municipios de Montaña no Costeros es de carácter interinsular.

La recogida de residuos sólidos, el mantenimiento de alumbrado público y el abastecimiento, saneamiento, depuración y reutilización de aguas representan el tipo de actividad mancomunada más habitual, seguidos de cementerios y proyectos de infraestructura, según el informe realizado por la Audiencia de Cuentas de Canarias.

Este estudio indica que cinco mancomunidades rindieron cuentas fuera de plazo, mientras que tres solo lo presentaron tras el requerimiento del órgano auditor y otras tres no lo hicieron. Además, apunta que en el periodo comprendido entre los ejercicios 2015-2018 se produjo una caída en la rendición de cuentas y de las diez que lo hicieron en 2015 se pasó a cinco en 2018.

El presupuesto definitivo agregado de ingresos y gastos en 2018 ascendió a 30,9 millones. Las obligaciones reconocidas netas ascendieron a 22,2 millones con un nivel de ejecución del 71,9 %, de las que se pagaron 21 millones, un 94,5 %. Entre los capítulos de gasto, el mayor importe, 18 millones, el 80,8 %, correspondió a los gastos corrientes, mientras que los ingresos provinieron en un 86,5 %, unos 20,3 millones, de las transferencias corrientes.

En cuanto a la financiación, proviene en un 86,5 % de las transferencias corrientes y/o subvenciones de otras administraciones y de los ayuntamientos mancomunados, siendo minoritaria la financiación propia.