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Rachid Mohamed, a la izquierda, y Navarro Tacoronte, el Mediador, a la derecha. COBER
Caso Mediador: la Audiencia rechaza investigar si Navarro consintió volcar sus móviles

Caso Mediador: la Audiencia rechaza investigar si Navarro consintió volcar sus móviles

Tribunales ·

Su defensa insiste en el proceder «desafortunado y extemporáneo» de la Sala al pronunciarse acerca de que el procedimiento no es nulo

Jueves, 8 de febrero 2024, 01:00

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El abogado de Marco Antonio Navarro Tacoronte, alias el Mediador, ha interpuesto un incidente excepcional de nulidad de actuaciones contra un auto de la Audiencia Provincial de Tenerife, que rechazaba la práctica de una serie de diligencias interesadas por esta parte para esclarecer si su cliente prestó su consentimiento de forma libre o no para que se investigaran sus móviles en el nacimiento de este procedimiento.

En el documento, el letrado Rachid Mohamed sostiene que la Sección Sexta actuó de forma «desafortunada y extemporánea» al desestimar el recurso de apelación que interpuso contra la negativa del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife de llevar a las diligencias interesadas para resolver este planteamiento que se torna crucial en la causa.

Para el abogado, se ha producido una «palmaria extralimitación» por parte de la Audiencia al pronunciarse «sobre la supuesta inexistencia de causas de nulidad», una circunstancia respecto a la «no hizo alusión alguna» en su escrito de apelación en el que solo se posicionó «contra la denegación de las diligencias solicitadas».

El incidente excepcional de nulidad de actuaciones planteado por Mohamed nace después de que insistiera a la magistrada instructora en conocer si se produjeron irregularidades durante las 48 horas en las que Navarro Tacoronte estuvo detenido, momento en el cual prestó -supuestamente- su consentimiento para el volcado de sus dos móviles cuyo contenido dio posteriormente origen al caso Mediador.

En su momento, el letrado solicitó el vídeo de las comparecencias que realizó el Mediador en esas 48 horas, a lo que la magistrada le respondió que no constaban dichas grabaciones por «dificultades técnicas».

También solicitó revocar el consentimiento prestado por el Mediador para que se continúe el acceso y volcado de sus móviles y USB que se había prestado, según esta parte, como testigo y sin asistencia letrada y que declararan como testigos los letrados Plácido Alonso Peña, Jesús Castro y Elena García que asistieron al investigado el 26, 27 y 28 de enero de 2022 en el juzgado de guardia.

Por último, interesó que se librara oficio a Delitos Tecnológicos de la Policía Judicial para que remitiera un informe o aportara «documentación sobre el motivo o desarrollo de cada una de las visitas» que el Mediador les realizó «en sede policial a requerimiento de esa unidad» y si fue «asistido de letrado».

Todo ello, según esta parte, en aras de demostrar que su cliente no dio sus móviles de forma libre y sin coacciones y para que investigaran todas sus conversaciones, sino solo las referentes al objeto de la investigación inicial que era la presunta estafa denunciada por Pérez Peña que fue posteriormente archivada.

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La magistrada María Ángeles Lorenzo-Cáceres rechazó sus pretensiones en un auto de 20 de junio, por lo que el abogado recurrió en apelación a la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

La Sección Sexta dictó un auto el 25 de enero en el que determina que «ninguna de las diligencias solicitadas» por la defensa del Mediador «se entiende que arrojan luz en el esclarecimiento de los hechos» investigados en este procedimiento, todo ello, -añade la resolución- «sin perjuicio de que la parte pueda proponerlas como diligencias de prueba para el acto del enjuiciamento si lo hubiera y si así lo considera oportuno».

Dispuso la Sala que no le constaba que se hubiera «producido una vulneración grosera del derecho fundamental» a la defensa al entender que «la aportación por el investigado apelante de sus móviles a la investigación se produjo de modo voluntario y con pleno respeto de sus derechos y garantías procesales». Advirtió el auto que «en materia de nulidades probatorias», el «momento procesal alegatorio oportuno se ubica en la audiencia previa prevista» durante una futura celebración de juicio y no en la actual instrucción.

Protesta

Este último pronunciamiento de la Audiencia Provincial fue uno de los ejes en los que se basó Rachid Mohamed para interponer el recurso de nulidad.

A su entender, «esta parte no ha pretendido de la Sala, hasta ahora, ningún pronunciamiento relativo a la concurrencia de posibles nulidades por vulneración de derechos fundamentales», sostiene en su escrito. El documento califica de «palmaria extralimitación» por parte del Tribunal el hecho de que «habiendo interpuesto esta parte un recurso de apelación contra la denegación de las diligencias solicitadas», se pronuncie «sobre la supuesta inexistencia de causas de nulidad, una circunstancia respecto a la que esta defensa no hizo alusión alguna».

Según la tesis de la defensa, el auto «plasma su convencimiento» no de la «corrección de la desestimación de las diligencias acordadas» por la magistrada instructora, sino «ya directamente acerca de la legalidad del consentimiento prestado para el volcado de los terminales telefónicos, así como de la cobertura de la asistencia letrada». Unos hechos que el letrado alega que «en ningún momento solicitó», por lo que no entiende que la Sala se pronunciase «acerca de la legalidad o constitucionalidad» del referido consentimiento y la asistencia de abogados de oficio.

«Ilegalidades significativas»

Estas «incidencias reseñadas, tanto procesales como directamente atinentes a los derechos fundamentales de nuestro patrocinado», añade el incidente de nulidad, pretendían «evidenciar la más que posible concurrencia de ilegalidades significativas», y la «imperiosa necesidad de realizar las pertinentes diligencias de investigación en tal sentido», por lo que -añade- «no tienen cabida manifestaciones respecto a elementos que habrán de ser, necesariamente, objeto de debate» en el juicio, «resultando de todo punto desafortunadas y extemporáneas» estas aseveraciones.

Por último, Rachid Mohamed Hammu sostiene que «el único pronunciamiento que puede resultar» no es otro más que la «concesión o no de la práctica de las diligencias solicitadas, sin que resulte admisible la inadecuada convalidación realizada por la Sala», argumenta.

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