Imagen de la Ciudad de la Justicia, en la capital grancanaria. / ARCADIO SUÁREZ

Mascarillas: dos testigos más y nueva cita con el dueño de la empresa RR7

El juez llama a dos funcionarias de los Servicios Jurídicos que también habrían cuestionado el segundo pago a la empresa

Francisco José Fajardo
FRANCISCO JOSÉ FAJARDO Las Palmas de Gran Canaria

El magistrado instructor del llamado caso Mascarillas ha citado a dos testigos más: las funcionarias de los Servicios Jurídicos de la Consejería de Sanidad del Gobierno canario que también habrían cuestionado, desde el punto de vista jurídico, el segundo pago de dos millones de euros por parte del Servicio Canario de Salud a la empresa RR7. Esta sociedad recibió en total 4 millones de euros a cambio de un millón de mascarillas que nunca fueron entregadas.

Las dos han sido citadas el día 17 del presente mes. Su comparecencia se produce a petición del fiscal Anticorrupción, Javier Ródenas, que consideró oportuno que se les tomase testimonio tras la primera ronda de comparecencias de imputados y testigos.

El Juzgado de Instrucción número 7 instruye diligencias por la querella de Anticorrupción, que aprecia indicios de delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, estafa agravada y blanqueo de capitales. A los tres investigados desde el primer momento - Conrado Domínguez, director del Servicio Canario de Salud; Ana María Pérez, ex director general de Recursos Económicos en Sanidad; y Rayco González, administrador único de RR7-, se han sumado esta semana otros tres imputados: la esposa, la madre y un primo del citado empresario.

Hasta la fecha han declarado en calidad de testigos tres funcionarias, jefas de servicio y de sección, que se ratificaron en lo dicho en su día ante el fiscal, en el sentido de que, pese a su dilatada experiencia en la administración, no recordaban un expediente tramitado con la celeridad y falta de garantías que caracteriza al de RR7 y que advirtieron a Ana María Pérez de que Sanidad se podría encontrar ante una «estafa».

Por su parte, Ana María Pérez declaró que tanto ella como su departamento se limitaron a dar forma administrativa a las «órdenes» de sus superiores y también a decisiones derivadas de los «intereses» de Conrado Domínguez. Este, por su parte, eludió toda responsabilidad y la depositó en Ana María Pérez.

También como testigo ha declarado Samuel Machín, que actuó en la operación como intermediario en nombre de RR7, que reconoció que lo hizo a cambio de la promesa de una comisión y que mantuvo numerosos contactos telefónicos -en conversaciones y con mensajes-, así como intercambio de correos electrónicos, con Conrado Domínguez, Ana María Pérez y otros supuestos intermediarios en la operación con RR7.

Asimismo, el juez ha citado el próximo día 14 a Rayco González, también a petición de la Fiscalía, para «resolver sobre la procedencia o no de la prisión o libertad provisional del investigado». La petición de la Fiscalía se fundamenta en la gravedad de los presuntos delitos cometidos -en su caso, estafa agravada y blanqueo de capitales-. En su primera comparecencia en el Juzgado, Rayco González se acogió a su derecho a no declarar. El abogado explicó a los periodistas a la salida del juzgado que era una decisión suya, como representante jurídico, y fruto de la estrategia procesal en ese momento de la instrucción.

El 2 de noviembre tiene cita, como testigo, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, que podrá declarar por escrito, presencialmente o por videoconferencia. Todavía no ha comunicado al juzgado cómo lo hará.